A partir de la aparición del libro de Ceferino Reato,
Operación Traviata (Buenos Aires, Sudamericana,
2008) y el pedido de justicia realizado por el Secretario
General de la CGT, Hugo Moyano, respecto –ambos- del
asesinato de José Ignacio Rucci, ha aparecido una novedad
en el público que consume lo producido por la comunicación
social y la industria cultural. El discurso oficial de lo
que fueron los setenta ya no los seduce.
Obviamente, esto obedece al proceso de esmerilamiento –según
la expresión de Jorge Asís- que sufriera el
Gobierno durante la crisis del campo, que como un efecto secundario
y no buscado, produce esta repregunta por ese período
de nuestra historia. Que ya no acepta la visión que
de esos hechos «fija» Horacio Verbitsky a través
de su libro Ezeiza (Buenos Aires, Contrapunto, 1985),
asentando las bases de la hasta ahora «historia oficial»,
con sus buenos –los montoneros- y sus malos –la
“derecha peronista”-; pero que tampoco acepta
las reivindicaciones de la dictadura militar que propone la
fábrica de «gorilas» de Cecilia Pando.
Me voy a tomar la licencia de colocarme en este nuevo sentido
con mi trabajo Sindicalismo y dictadura: una historia
poco contada (Buenos Aires, Biblos, 2007), del cual he
extraído algunos elementos para este artículo.
Isabel firmó los decretos sobre la represión
En la memoria de la clase media, el período 1973-1976
está registrado como un momento caótico, que en
muchos casos prefieren olvidar. ¿Qué es lo que
pasó?
Desde 1955 hasta 1973 transcurren 18 años a lo largo
de los cuales se produce uno de los debates más importantes
de la historia argentina, pues hacía 10 años que
se venía construyendo un modelo de país frente
al cual, una camarilla militar enancada en un sector social
se oponen al mismo e interrumpen su desarrollo. Este debate
se inicia el 16 de septiembre de 1955 con el golpe de estado
que destituye a Juan D. Perón, concluyendo el 25 de mayo
de 1973, cuando un justicialista –Héctor J. Cámpora-
asume la Presidencia de la Nación.
Es paradigmático que quien debe entregar el mando
sea el general Alejandro A. Lanusse, que se opusiera al peronismo
desde el fracasado golpe de 1951, y al cual Perón lo
considera como un ejemplo de traición consecuente,
cuya historia parte de la traición a Lonardi, que
se negó a saludar al Jefe de Granaderos por ser el
primero de la escolta presidencial que traicionó a
su Presidente, pasando por la traición a Frondizi,
a Illía, a Onganía y a Levingston (Perón,
Juan Domingo, A los compañeros del Frente Justicialista
de Liberación, en Las Bases, 8 de marzo
de 1973, p.6).
Muchos contribuyeron al logro de esa victoria justicialista
con su esfuerzo militante, aún con sus vidas entregadas
por un ideal plasmado en el símbolo «Perón
vuelve», escrito millones de veces en cuanta pared había
en Argentina, en ese transcurso se suma una joven generación
que no tiene recuerdos en su memoria personal de los gobiernos
de Perón, pero que pone en su regreso la esperanza.
Y por eso, de la plaza de ese 25 de mayo de 1973, ellos podrán
decir, no habrá ninguna igual... no habrá
ninguna.
El punto de partida para comprender la estrategia de Perón,
a partir de ese momento, es el Acta de Compromiso Nacional
firmada el 8 de junio de 1973 entre José Ignacio Rucci
por la Confederación General del Trabajo, Julio Broner
por la Confederación General Económica y José
Ber Gelbard por el Gobierno, sellando institucionalmente el
denominado «pacto social». Se trataba de un proyecto
pacífico de reconstrucción y liberación
nacional.
La mencionada Acta no se reduce a una reglamentación
de pautas económicas, explícitamente ella sostiene:
"...esta Acta de Compromiso no es un acuerdo coyuntural
de precios y salarios, es la definición de una acción
política irreversible..." (Revista Panorama,
1973, N° 337, pág. 6). Es decir, se trata de una
alianza entre el movimiento obrero organizado y las entidades
empresarias con vistas a la acción política
que constituía el plan de gobierno, pero también
era un pacto político al cual, desde la conformación
de La Hora del Pueblo, la Unión Cívica
Radical se suma a ese proyecto creando una legitimación
del sistema democrático.
Ese proyecto de reconstrucción y liberación
nacional sufre dos fuertes embates: el asesinato de José
I. Rucci y la muerte de Juan D. Perón. A ello lo acompaña
la actitud de FAR y Montoneros de enfrentamiento a Perón
(Revista El Descamisado, 1973, N° 119, pág. 2)
y su pasaje a la clandestinidad en septiembre de 1974 durante
un gobierno democrático, actitud funcional a los grupos
de poder antiperonistas que nunca habían dejado de
tramar una nueva reacción.
La presidente María Estela Martínez de Perón
debe afrontar una situación verdaderamente crítica
sin contar con el apoyo de la oposición, que hubiera
permitido una transición ordenada. Por el contrario,
Raúl Alfonsín expresará acerca de la
situación política vigente que "...el
peronismo ha operado aceleradamente el desplazamiento de sus
sectores progresistas [...] La calificación de «golpe
de derecha» corre exclusivamente por nuestra cuenta..."
(Revista Panorama, 1974, N° 354, pág. 13);
Arturo Frondizi hablará de una participación
directa de las Fuerzas Armadas en el llamado «post-peronismo»,
y Ricardo Balbín dirá que es necesario llegar
aunque sea con muletas, a las elecciones de octubre
de 1976, cuando un radical -según él- sería
el nuevo presidente.
Por su parte, a esto que se denomina «una etapa caótica»
es posible cuantificarla. En octubre de 1975, el Ejército
argentino estimaba que los miembros del ERP eran 280 cuadros
militarmente activos y 3000 de escaso valor militar (Tucumán,
Argentina: cuna de la Independencia (1816-1977) y sepulcro
de la subversión (1975-1977), Buenos Aires, S/d.
1979, pág. 57) y en abril de 1977 la Junta Militar
estimaba que la fuerza de Montoneros era entre 2.843 y 2.883
(La Opinión, 21.04.1977). A su vez, la violencia ocurrida
entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976 por el
operar de los grupos guerrilleros arrojaba un número
de víctimas de 1.358 personas, de las cuales 66 eran
militares, 136 policías provinciales, 34 de la Policía
Federal, 445 guerrilleros y 677 civiles (Floria, C. A. y García
Belsunce, C. A., Historia política de la Argentina
contemporánea (1880-1983), Madrid, Alianza, 1988
pág. 232) (1). Puesto en cifras y tomando en cuenta
el creciente descrédito que las organizaciones guerrilleras
iban ganando, eran un claro signo de su derrota política.
Coincidentemente con ello, en enero de 1976, el comandante
en jefe del Ejército, Jorge R. Videla, elaboró
un informe sobre las organizaciones guerrilleras donde se
las caracteriza como de impotencia absoluta en cuanto
a su poder militar, señalando que se habría
demostrado la incapacidad de los grupos subversivos para
trascender en el plano militar (Clarín 30.01.1976).
Las medidas que se tomaron frente al accionar subversivo se
encuadraron en el marco del estado de sitio, complementándose
con la promulgación de los decretos 2.770/75, 2.771/75
y 2.772/75 el 6 de octubre de 1975 y firmados por Italo A. Luder
–presidente provisorio del Senado en ejercicio del Poder
Ejecutivo- abriéndose la posibilidad de organizar la
represión legítima en forma legal. Reincorporada
en el ejercicio de sus funciones la presidente Martínez
de Perón encomienda a José Deheza la redacción
de un proyecto de ley que contemple las necesidades de la defensa
nacional, y sustituya el decreto-ley 16.970/66 promulgado por
el general Juan C. Onganía, a la vez que deroga los decretos
en cuestión.
El proyecto ingresa en la Cámara de Diputados el
21 de octubre de ese mismo año y es aprobado con reformas,
el 31 de noviembre (el mismo puede ser consultado, al igual
que el texto de los decretos en nuestro Sindicalismo y
Dictadura).
Hay dos elementos centrales sobre los que se construye el
proyecto: 1) Para que actúen las Fuerzas Armadas es necesario
que se declare al territorio donde operarán como «zona
de emergencia», lo cual solo puede plantearse por conmoción
interna grave. Esa herramienta decisoria está en manos
del presidente (artículos 26 y 30). El tema es debatido
y finalmente se aprueba que el Poder Ejecutivo tomara la decisión
pero debe informar inmediatamente al Congreso para su ratificación
o rectificación. 2) Se mantiene la autonomía de
los magistrados judiciales que desempeñen funciones en
los teatros de operaciones (artículo 29 y 35), sosteniendo
la garantía de los derechos de quienes fueran detenidos
o prisioneros. Finalmente, sostiene la explícita prohibición
–aun en el ámbito militar- de establecer la pena
de muerte.
El llamado Grupo de Trabajo compuesto, entre otros diputados
por Ricardo de Luca, Nilda Garré, Luis Rubeo, Carlos
Auyero, Carlos Imbaud, Julio Migliozzi, Jesús Porto,
Enrique Osella Muñoz, Eduardo Farías, Roberto
Bustos, Julio Mera Figueroa, Carlos Palacio Deheza, Luis A.
Sobrino Aranda y Julio Bárbaro obstruyen el llamado a
sesiones extraordinarias amenazando solicitar un juicio político
a la presidente, lo cual hace que el proyecto aprobado en diputados
no se pueda tratar en 1975 en el Senado. Abiertas finalmente
las sesiones extraordinarias el 24 de febrero de 1976, las acciones
psicológicas de preparación del golpe de estado
(lock out, la prensa, etc.) tuvieron más peso sobre los
senadores que la necesidad de tratar dicho proyecto.
Como queda claro, la represión no se hizo en nombre
de ningún decreto de un gobierno democrático.
También que el «caos» y la posibilidad
cierta de una «patria socialista», es puro
verso y tiene más de terrorismo mediático
e intensiones ocultas que otra cosa.
En Argentina hubo una guerra sucia.
Si tenemos que responder el por que del golpe de estado de
1976, la documentación existente nos impide seguir
diciendo que fue para evitar un triunfo del inmundo trapo
rojo. Veremos entonces quien organizó el fragote
y sus motivos.
Los grupos económicos que conformaron el núcleo
de la conspiración estaban representados por tres sectores:
el sector agropecuario, fundamentalmente compuesto por la
SRA; el sector financiero, cuya cabeza visible era la Asociación
de Bancos Argentinos (ADEBA) y finalmente estarán los
miembros de la patria contratista encuadrados en
la Unión Industrial Argentina (UIA). A pesar de la
diversidad de intereses que poseían, los grupos económicos
que apoyaron el golpe militar tenían en común
la convicción de que en Argentina se desarrolló
un capitalismo tortuoso (Canitrot, Adolfo, Teoría
y práctica del liberalismo en Desarrollo Económico,
1981, pág. 82) consistente en una mezcla de capitalistas
débiles y sindicalistas fuertes.
Otro sector del empresariado lo conforma el llamado "grupo
Perriaux", el más liberal y antiperonista.
El nombre deriva del abogado Jaime Perriaux y en cuya casa
se reunían para conspirar Enrique Loncan, Mario Cadenas
Madariaga, Luis y Carlos García Martínez, Guillermo
Zubarán, Horacio García Belsunce, Luis García
Venturini, Alberto Rodríguez Varela, el general (R)
Hugo M. Miatello. Quienes ponen "oficialmente" al
grupo en contacto con el Ejército serán los
generales Santiago O. Riveros, Carlos G. Suárez Mason
y el mencionado Miatello. También informan al almirante
Emilio E. Massera. En forma indirecta mantenían contactos
con Walter Klein, Adolfo Diz, Alejandro Estrada y Manuel Solanet.
Allí también concurría José A.
Martínez de Hoz (2) .
En el caso de los militares podríamos distinguir tres
bloques «ideológicos», los liberales representados
por Jorge R. Videla y Roberto Viola; los "nacionalistas"
representados por Carlos G. Suárez Mason y Benjamín
Menéndez, y finalmente, los populistas expresados por
Eduardo E. Massera.
Lo que estos grupos sostendrán frente al "capitalismo
tortuoso" es un discurso que culminan de articular después
de la muerte de Juan D. Perón, considerando ese momento
como un "ahora o nunca", pues en octubre habría
elecciones y el futuro presidente sería otro peronista
o a lo sumo un radical. Por eso consideran necesario erradicar
lo que llamaron la subversión, pero que lejos
estaba de ser "la patria socialista" sino que se
trataba de desarticular el armado social que el Peronismo
había realizado a lo largo de treinta años,
cuyo eje eran el Movimiento Obrero Organizado; lo que los
militares llamarán opositores "complacientes"
(radicales y la izquierda parlamentaria); lo que quedaba del
estado de bienestar, y por último, la economía
urbano-industrial –levantada desde la década
del treinta- cuyo soporte social eran los que consideraban
"trabajadores indisciplinados" y "empresarios
ineficientes" (Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo
y Democracia (1955-1983), Buenos Aires, CEDAL, 1983,
pág. 63).
En agosto de 1975, Videla es nombrado comandante en jefe
del Ejército, y en octubre solicita que se prepare
una carpeta con lineamientos generales, un juego en la mesa
de arena, para ser utilizada sin fecha en un golpe de estado;
según Juan Bautista Yofre (Ámbito Financiero.
23.03.2006), el pedido del trabajo se realizó cuando
se conoció que era irreversible el retorno de la Presidenta
a la Casa Rosada (3), después de unos días que
pasó recuperando su salud en Ascochingas (provincia
de Córdoba) y en noviembre de ese mismo año,
el grupo fragotero encarga a José A. Martínez
de Hoz y un equipo de empresarios y técnicos un plan
de la nueva política económica a instrumentar,
el cual quedará plasmado en un documento que lleva
el título de "Bases para una Argentina Moderna
(1976-1980)", que se dará a conocer el 2
de abril de 1976 en el discurso en el que, el ya ministro
de Economía expone sus puntos de vista.
Tras el golpe de estado, la SRA se quedó con la Secretaría
de Ganadería y logrará la derogación
de la ley 21251/75, evitando al sector el pago de ingresos
brutos provinciales. Un aumento del 72% en los precios de
la producción animal en 1976 define la política
hacia el sector emprendida por Martínez de Hoz en consonancia
con lo expuesto por Celedonio Pereda –presidente de
la SRA-: "...llena de asombro que ciertos grupos
pequeños pero activos sigan insistiendo en que los
alimentos deben ser baratos..." (La Nación
06.06.1976).
ADEBA -que reúne la banca privada nacional y extranjera-
reclama y obtiene como botín el Banco Central de la
República Argentina (BCRA). Su titular, Narciso Ocampo,
sostuvo ante la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano
de Desarrollo que: "...la intervención de
las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 pone fin a un período
histórico argentino, se abre así una etapa de
promisorias perspectivas ya que, cualquiera sea su evolución
y resultados finales, el solo hecho de que se apunte al ordenamiento
social y económico y se restituya el principio de autoridad,
constituye un vuelco indiscutiblemente positivo..." (ADEBA
- Memoria 1975-1976, Buenos Aires, 1976, pág. 8).
La Asamblea Permanente de Grupos Empresariales (APEGE) –formada
en 1975 para contrarrestar a la Confederación General
Económica (CGE) que apoyó el proyecto nacional
de Perón- tenía entre sus miembros a la Unión
Industrial Argentina (Jorge Aguado), la Cámara Argentina
de Comercio (Armando Braun), la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa –CAME- (Osvaldo Cornide), la Sociedad
Rural (Celedonio Pereda), la Cámara Argentina de la Construcción
(César Polledo, Roberto Meoli), la Cámara de Sociedades
Anónimas (Federico Peña) y la Cámara de
Grandes Tiendas (Juan Sabaté), organiza el 16 de febrero
de 1976 un lock-out patronal, los apagones y el cierre premeditado
de negocios como parte de una estrategia donde izquierda y derecha
eran funcionales en la preparación del golpe de estado
. Su accionar junto al de algunos medios de comunicación
buscó precipitar un estado de ánimo colectivo
–particularmente de la clase media- a favor de un cambio
de gobierno, por el «caos» reinante. Como resultado
de ello y tras el golpe, la CGE es disuelta por medio del decreto
21.599/77, mientras que el resto de las organizaciones empresariales
continúan su funcionamiento institucional.
La suciedad de esa supuesta guerra está en los verdaderos
motivos por los cuales se hizo el golpe de estado, a lo que
no es ajeno que el 53.8% de los desaparecidos sean trabajadores,
muchos de los cuales eran dirigentes sindicales; que a los dirigentes
peronistas se los encarceló en barcos y cárceles
en condiciones indignas e injustas; que las acciones durante
todo el proceso dictatorial fueran llevadas adelante por el
Movimiento Obrero Organizado; que cuando hay que denunciar las
desapariciones son dirigentes peronistas que solo acompañados
por las madres de los desaparecidos, marchan hacia la Comisión
de DD. HH. de la OEA para hacerlo.
Decía el novelista alemán Ernst von Salomón:
la verdad cobra venganza. Es bueno que dejemos entonces
de "comer vidrio" y comencemos a colocarnos más
allá de Verbitsky y Pando, para develar la verdad…
que sólo se explica cuando contestamos ¿quién?
¿por qué? ¿a quién benefició?
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