Frente al feroz estallido social y económico del 2001/02, resultaba inevitable que se aplicaran medidas político-económicas excepcionales, ya que la crisis se presentaba también excepcionalmente grave, como de hecho lo fue.
La debacle del “modelo de convertibilidad” instaurado durante los ´90”- fue, en esencia, consecuencia directa del mantenimiento de un tipo de cambio fijo por Ley (1peso = 1 dólar), sostenido artificialmente, primero con fondos fruto de las “privatizaciones”, y luego con sobre endeudamiento publico -sin que hubiere suficiente capacidad de pago-; con el fin de cubrir un déficit fiscal crónico derivado de un gasto publico creciente. Resultaba claro que para desarmar semejante laberinto, ya sin capacidad de financiamiento y en pleno colapso, era necesario realizar cirugía mayor. Cirugía que efectivamente se llevo a cabo, con premura y “sin anestesia”, como muchas veces ocurre en los mismísimos campos de combate, donde se hace necesario amputar uno o más miembros del cuerpo humano en forma traumática para preservar la vida.
De esta forma, y a grandes rasgos, se consumó un cuantioso Default de deuda externa e interna –el mayor de la Historia del Mundo-, se realizó una devaluación de más del 200%, se pesificó la mayor parte de los pasivos en moneda extranjera, y se promulgó la Ley de Emergencia Económica; curiosamente aun vigente.
En tal escenario y desde el punto exclusivamente económico era claro que para compensar desequilibrios, entre otras medidas, las autoridades emergentes en la crisis recurrirían a un viejo, conocido y muy discutido instrumento de la economía argentina: las retenciones o derechos de exportación, que no son mas que un arancel aduanero que se aplica sobre el precio de las exportaciones reduciendo el valor efectivo que finalmente cobra el exportador/productor.
ANTECEDENTES.
Las “retenciones” a las exportaciones, podrían calificarse a esta altura de los hechos casi como un “clásico argentino” ya que las mismas se aplicaron en el País -bajo diferentes formatos- desde la segunda mitad del Siglo XIX, y prácticamente fueron utilizadas en casi todos los gobiernos desde aquella época; y como vemos aun hoy se mantienen.
Durante los últimos 60 años, las retenciones se aplicaron casi siempre con algunas interrupciones, con extremos de altísimos guarismos de “retención” durante el último Gobierno de Juan/Isabel Perón de los años ’70 y del radicalismo alfonsinista de los ‘80; y con alícuotas de “cero retención” durante la primera parte del militarismo procesista del ’76 y durante todo el gobierno peronista de Menem de los ’90 (aunque en éstos dos últimos casos la sobre valuación del peso terminaba asimismo afectando el tipo de cambio real percibido por la exportación).
Esta claro que resultaría tan simplista como equivocado asociar la aplicación, o la no aplicación de las retenciones a las exportaciones, con el “éxito” o el “fracaso” de un determinado modelo económico. De hecho –y para nuestro pesar- y sin pretender juzgar la gestión de la actual administración, desde que tenemos memoria no ha existido en la Argentina “modelo” alguno que haya resultado plenamente exitoso en materia económica, y las retenciones se aplicaron y se eliminaron sistemáticamente desde las más variadas ópticas ideológicas.
INTERROGANTES.
La pregunta que deberíamos hacernos hoy, no es si las retenciones son “buenas” o “malas” como instrumento, sino para qué “sirven” si es que sirven; y porqué motivo las economías de los países desarrollados y la gran mayoría de los países emergentes mas avanzados ya no las utilizan. Puesto que a decir verdad las retenciones aparecen, hoy en el Mundo, en franco retroceso.
Estos interrogantes merecen respuestas objetivas y desapasionadas, única forma de comprender las eventuales “bondades” del instrumento “retencionario” y los perjuicios que su aplicación, en forma estructural, ocasiona a una economía que pretende desarrollarse en forma plena e insertarse en un mundo cada vez más demandante de materias primas y principalmente de agroalimentos con valor agregado; recursos éstos que nuestro país puede ofrecer en abundancia y que a la vez permitirían obtener vitales recursos económicos genuinos para el desarrollo.
El inevitable resurgimiento de los derechos de exportación (retenciones) en el 2002, cumplía sin ninguna duda una función compensadora frente a una profunda crisis fiscal (de escasez de recursos), y de amortiguador de precios internos (fundamentalmente de energéticos y alimentos) dada la mega devaluación que había tenido lugar.
Prácticamente se aplicaron retenciones a todos los rubros exportables, a los industriales (con alícuotas muy bajas de no mas del 5%), y a los productos agropecuarios con tasas de retenciones que llegaban al 23,5% para el grano de soja. Alícuotas que parecían aceptables dadas las circunstancia del momento.
Entonces, y frente a la promesa de que la medida sería “transitoria”, el campo acató las retenciones sin reclamo alguno, asumiendo una vez más un posicionamiento francamente solidario, dado el tremendo caos socioeconómico en que se encontraba la Republica. De hecho, el sector granario –mayormente exportador- se había visto “beneficiado” con la suba en pesos -de los cereales y oleaginosos- fruto de la devaluación, subas que habían permitido licuar viejos pasivos, y que con la cosecha en plena evolución, auguraba muy buenos márgenes por hectárea, resultado que finalmente se dio en la cosechas del 2002 hasta el 2004; hasta la caída de los precios de los granos ocurridos en las campañas agrícolas 2005 y 2006.
Hoy se estima que desde 2002 hasta 2007, el campo aportó a las arcas del Estado, en concepto de retenciones, una cifra cercana a los 40 mil millones de dólares. Durante dicho lapso (2002-07) y tras la exitosa negociación de la mayor parte de la deuda pública defaulteada, el País fue protagonista de una fenomenal recuperación económica que permitió duplicar el producto bruto interno, bajar las tasas de desempleo, duplicar las exportaciones, aumentar en forma notable la recaudación fiscal y lograr los vitales superávit “gemelos”, el fiscal y el comercial.
De esta manera, la participación del “componente” retenciones agropecuarias, que en 2002 configuraban cerca de un 25% del presupuesto nacional, hacia 2006 pasaron a representar apenas un 6% del mismo. Este era el momento ideal para iniciar un camino de reducción de las mismas (retenciones), junto con el diseño de una política sectorial agropecuaria, específica, que estimulara la productividad principalmente del sector cárnico y el sector lechero, cuya producción se destina mayormente al mercado interno.
Pero es a partir de la renuncia del Ministro Roberto Lavagna, que la política económica inicia una etapa de marcada profundización de la aplicación de subsidios cruzados y transferencias intersectoriales con la base en un tipo de cambio relativamente “alto” con el fin de mantener la “competitividad” de la economía.
La nueva etapa altamente fiscalista-subsidiaria y “retención dependiente” incluye el mantenimiento de los controles de precios en los servicios públicos y se inician controles sobre diversos rubros del sector agroalimentario, llegándose a prohibir y/o regular la exportación de carnes, trigo, maíz y productos lácteos con el pretendido fin de “asegurar” el abastecimiento interno y “evitar” la suba de precios.
RESULTADOS.
Los hechos han demostrado que con la actual política económica (de nítido tono “neokeynesiano”, que básicamente apunta a estimular el consumo con la “monetización” como locomotora), se ha perjudicado a la vital contraparte productiva, afectando de lleno a algunas actividades del sector agroalimentario, paradójicamente destinadas al consumo interno.
Comprobamos hoy que a pesar que, de la mano de la excepcional recuperación de los precios internacionales de los granos, se aumentó la producción de productos cuyo principal destino es la exportación (como el maíz y la soja); el trigo, la carne y la leche -cuya producción aun se destina mayormente al consumo doméstico-, se encuentran bajo un constante hostigamiento oficial que ya afecta y compromete el futuro de las actividades.
El trigo –cuyo producido actual se reparte igualmente entre consumo interno y exportación- esta sometido no solo al castigo de fuertes retenciones y controles sobre los precios, sino también a regulaciones y controles que frenan la exportación, llegando hoy al extremo de que los productores dudan sobre si bajarán el nivel tecnológico del cultivo (afectando los rindes) hasta el extremo de no sembrar el vital cereal. Algo increíble que ocurra en un país como la Argentina.
La producción de carne vacuna sufre las consecuencias de un “fuego cruzado” entre la actividad agrícola más “rentable” (que desplaza a la ganadería fuera de los suelos mas fértiles llevando la actividad a zonas difíciles, donde es necesaria la tecnificación y la inversión) y los controles y presiones gubernamentales sobre los ganaderos y toda la cadena productiva.
La producción láctea también esta fuertemente castigada, ya que –al fijarse un precio máximo para el mercado interno- esta en los hechos bajo los efectos de una retención de más del 50%, respecto de los excepcionales precios de los lácteos en el mercado internacional.
Si bien la suba de los precios de los agroalimentos es estructural y “global”, y afecta a todo el Mundo; en Argentina aun los productos que están “bajo control” se encuentran hoy inmersos en una alarmante carrera inflacionaria, y al mismo tiempo se observan principios de escasez esporádica (por caída en la producción), mayormente en productos lácteos y carne vacuna, que obviamente impacta en los precios al consumidor mas allá de los controles oficiales.
Por caso, vale notar que la actividad ganadera de carne, con una política de controles y falta de apoyos concretos, alcanzó en el ultimo año el mayor porcentaje de liquidación de vientres de las ultimas décadas, y que la Argentina -que antes peleaba los primeros puestos como exportador de carnes vacunas de excelente calidad con Australia y Nueva Zelanda-, ha sido desplazada de los mercados en volúmenes exportados, y relegada por Brasil (hoy primer exportador) y por Uruguay.
Llama la atención por otra parte, que un territorio tan rico en recursos del agro, que a los ojos del Mundo no debería tener problemas alimentarios, puede aparecer hoy como cualquier otro país pobre que no cuenta con recursos propios, con problemas de provisión y abastecimiento y “debiendo” recurrir a controles, retenciones y cupos para “no quedarse sin comida”. De hecho es sabido que el país produce hoy alimentos para unas 300 millones personas.
LA PROTESTA.
La fuerte reacción del Campo -frente al nuevo y sorpresivo incremento de las retenciones a las exportaciones-, que se plasmó en la mayor y más contundente protesta que el sector haya realizado alguna vez –con semanas de paro comercial con bloqueo de rutas y múltiples asambleas a lo largo del territorio nacional- , encuentra explicación en dos contundentes razones:
1.- La extemporaneidad de la medida, instalada justo después de la realización de ExpoAGRO, la clásica megamuestra del sector; espacio donde se tranzan decenas de millones de pesos en nuevas inversiones en maquinaria e insumos para la próxima campaña (reinversión)-. Asimismo la fuerte suba de las alícuotas “retencionarias” se consumó pocos días antes del inicio masivo de la nueva cosecha de granos gruesos. Es decir, cayó muy mal en el sector la aplicación imprevista de una exacción adicional con “la cosecha en la mano”, lo que rompe las “reglas de juego”, las que deben primar en toda actividad de un país que pretende ser previsible y que estimula las actividades productivas básicas.
2.- La exagerada alícuota –que para el cultivo emblemático “soja” se elevó del 35% al 44,5%- con carácter “móvil” para el poroto de soja. La medida afecta a la soja, sus derivados y demás granos (incluidos girasol, trigo y maíz) con una alícuota creciente en caso que los precios de los productos suban más en los mercados internacionales, y con una tasa decreciente para la eventual “baja” de precios.
El nuevo esquema “móvil” es aun hoy fuertemente rechazado por los productores, ya que además de instalar una desmesurada quita sobre los precios de exportación, altera las operaciones de los mercados a término y de opciones, herramienta comercial que permite a los productores y a los compradores establecer precios de referencia y precios efectivos para operaciones a futuro y, de esa manera, poder planificar, programar la actividad y sus eventuales resultados y las futuras inversiones.
IMPACTO.
Para tener una idea de la dimensión de la carga, se comprueba (SEA Consultores) que, con el actual esquema de retenciones vigentes (en zonas periféricas, no núcleo), por cada 1 dólar que “gana” el productor con un cultivo de soja (con rindes promedio y costos promedio), por retenciones y demás impuestos el Estado se lleva u$s 3,3, es decir que el Gobierno cobra el 76% de impuesto sobre la actividad.
Para el maíz, por cada 1 dólar que “gana” el productor, el Estado se lleva el 70% del ingreso bruto; y para Trigo/Soja (doble cultivo en una estación) el Estado se lleva 3 dólares por cada dólar que “gana” el chacarero, un 75% de impuestos. A todas luces no hay otra actividad en la economía argentina actual que deba pagar semejante carga tributaria.
Mas allá del hecho de que en ningún país comparable con la Argentina por sus recursos y posibilidades se aplican impuestos a las exportaciones (no las usa Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile y mas bien la tendencia mundial ha sido a dejarlas en desuso en los casos que se aplicaron).
El principal error conceptual de la medida es suponer que todos los productores “ganan”; y eventualmente, estimar que todos ganan lo mismo. La realidad es que cada productor es un caso de ganancia o pérdida diferente, según sus costos en insumos y labores, su escala, su nivel de producción y su distancia al mercado. Bien se dice que en el negocio agropecuario (como en todas las demás actividades económicas) existen tantos resultados como operadores hay en el sistema. Es decir que no todos los productores “ganan” igual y algunos también pierden.
Cabe señalar aquí que la escala de producción, esta determinada básicamente por la superficie de tierra que se trabaja. Las retenciones masivas generalizadas tal cual se aplican hoy, expropian “renta presunta” asumiendo “ganancias iguales” para todo el espectro de 400 mil productores que, se estima, existen hoy en el país. En este escenario los que mas sufren son los productores mas pequeños, que como sabemos son el 80% de la población productiva del sector. De ahí la contundente y masiva reacción del campo. Es asi que podemos afirmar que, en los actuales niveles, las retenciones al sector agropecuario configuran un impuesto aberrante, distorsivo y discriminatorio.La discusión que debería plantear el agro aquí, es que el impuesto a la renta debe aplicarse sobre ganancias efectivas después de la deducción de costos en cada caso en particular, teniendo en cuenta que éstas gabela, de acuerdo a la Constitución, no puede exceder el 33% de la ganancia. Resulta obvio que para implementar ésta propuesta se debería actualizar un empadronamiento de productores que son “sujeto” de pagar el Impuesto a las ganancias.
OTROS RIESGOS.
Por otra parte, resulta oportuno recordar que la actividad agrícola es de alto riesgo. Aunque en rigor, las siembras se desarrollan hoy en un marco de notable certeza técnica; también se desenvuelven en un marco de azaroso riesgo climático y de mercados. Y agreguemos a ésta altura –con semejante toqueteo permanente de la comercialización, por parte del Gobierno- también se ejecutan con una marcada y letal incertidumbre económica. Los productores en principio de campaña sembraron y arriesgaron con determinadas reglas juego. Si hubiere una "ganancia extra", la misma debe considerarse un premio a quien invierte y corre riesgos.
Recordemos que el Estado, que cobra retenciones en la salida de puertos exportadores, nada arriesga, y se acerca al productor solamente al momento de vender la cosecha; habiéndose cambiado las reglas de juego dos veces de Noviembre a la fecha, subiendo las retenciones (soja) del 27,5 al 45%, en dos etapas; también con otros valores aumentados para los demás rubros del sector.
No hay Modelo en el Mundo desarrollado que haya tenido éxito esquilmando al sector rural. El desarrollo de las potencialidades que ofrecen las enormes ventajas competitivas del país en materia agroalimentaria, deberían servir de trampolín para impulsar un planteo genuino de desarrollo paralelo del sector servicios y del sector industrial, sin ningún tipo de discriminación al campo y estimulando a los productores de bienes básicos no solo para abastecer plenamente el mercado interno, sino también lograr crecientes volúmenes exportables.
5 de Mayo de 2008.
El conflicto “campesino” como audazmente lo llamara Castells, presenta versiones distintas según los intereses que convergen en el. Gonzáles Delparral hace una ajustada aunque somera descripción del historial de las retenciones en la Argentina, donde la ventaja competitiva de un sector –como en cualquier otro país en proceso de desarrollo capitalista- termina sosteniendo estructuralmente la economía nacional. Por cierto que en la “segunda mitad del S. XIX” y bien entrado el XX los sectores beneficiados no constituían todo el país sino una parte exigua de el, la oligarquía agrícola-ganadera con fuertes lazos –no solo económicos- en el exterior. Fueron las reservas provenientes de la exportación agro-ganadera los que posibilitaron en los 40 y 50 del siglo pasado la modernización de la Argentina y la ruptura del modelo de Nación formalmente independiente y económicamente subordinada. No es menos cierto que la crisis –real e inducida en el sector- aceleró el final de aquel proceso.
Por otra parte el vínculo Retenciones/Modelo Económico, en el cual aquellas son una variable subordinada del segundo, se califica por el éxito de este, el que a su vez depende de variables externas no precisamente subordinadas.
La Ausencia de un Proyecto Nacional arruina toda viabilidad de modelo económico que no sea la conocida transferencia de ingresos entre sectores – de los que tienen menos a los que tienen más- como ha venido sucediendo sin interrupción en, prácticamente, los últimos sesenta años. La ruptura de las “reglas de juego” por parte del Gobierno (suponiendo que alguna vez hayan existido) se potencia por la improvisación y la metodología de almacenero del ex -Presidente Néstor Kirchner quien como el murciélago es casi ciego y se “orienta” a los gritos. No hay Plan, no hay planificación, no hay marcos reguladores consistentes y previsibles. En definitiva como los actores de una “rascada” teatral todos –Gobierno y “campo”- improvisan sobre un libreto malo y espontaneo ajustado a las necesidades del momento. El problema es que esto no termina con un aplauso. No cabe la menor duda que el que mas gana es el que más debe tributar dentro del límite compatible con la reinversion y el crecimiento. Como lograrlo con gobiernos sucesivos que son una versión mejorada y subtropical de los “gangs” de Chicago de la década del 30? Con gobiernos que incentivaron e incentivan la fuga de capitales? con la ausencia de una clase política capaz de timonear la Nación? Con corporaciones –todas hijas del capitalismo dependiente- cortesanas del Estado y mordiéndose como perros debajo de la mesa? La crisis gubernamental habla por si sola: La incapacidad para torcer su propio rumbo nos habla del riesgo a que estamos sometidos. A su vez, los muchachos del “campo” que se acordaron tarde de la Nación, creyendo que esta se construye sola, encabezan un reclamo que los excede largamente sin la participación de los otros sectores políticos y económicos (gobernadores, intendentes, industriales, sectores de servicios, sindicatos). Obviamente se requiere un Pacto Social como parte de un Plan Nacional, a su vez diseño operativo de un Modelo que se articule sobre las posibilidades y necesidades nacionales, es decir un Modelo Argentino. El drama es que los “actores sociales” que debieran comprometerse y ejecutarlo se hallan profundamente deslegitimados ante sus representados. Dicho de otra forma, hay que empezar de abajo, convencer al pueblo acerca de los métodos y objetivos mientras se toman medidas de emergencia. Caso contrario la actual contienda, resulte como resulte, carece de futuro político. Y asistiremos a otra versión nacional del apotegma de Bolingbroke: “Los grandes desastres se solucionan con grandes calamidades”
d. a.
