A partir de la aparición del libro de Ceferino Reato, Operación Traviata (Buenos Aires, Sudamericana, 2008) y el pedido de justicia realizado por el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, respecto –ambos- del asesinato de José Ignacio Rucci, ha aparecido una novedad en el público que consume lo producido por la comunicación social y la industria cultural. El discurso oficial de lo que fueron los setenta ya no los seduce.
Obviamente, esto obedece al proceso de esmerilamiento –según la expresión de Jorge Asís- que sufriera el Gobierno durante la crisis del campo, que como un efecto secundario y no buscado, produce esta repregunta por ese período de nuestra historia. Que ya no acepta la visión que de esos hechos «fija» Horacio Verbitsky a través de su libro Ezeiza (Buenos Aires, Contrapunto, 1985), asentando las bases de la hasta ahora «historia oficial», con sus buenos –los montoneros- y sus malos –la “derecha peronista”-; pero que tampoco acepta las reivindicaciones de la dictadura militar que propone la fábrica de «gorilas» de Cecilia Pando. Me voy a tomar la licencia de colocarme en este nuevo sentido con mi trabajo Sindicalismo y dictadura: una historia poco contada (Buenos Aires, Biblos, 2007), del cual he extraído algunos elementos para este artículo.
Isabel firmó los decretos sobre la represión
En la memoria de la clase media, el período 1973-1976 está registrado como un momento caótico, que en muchos casos prefieren olvidar. ¿Qué es lo que pasó?
Desde 1955 hasta 1973 transcurren 18 años a lo largo de los cuales se produce uno de los debates más importantes de la historia argentina, pues hacía 10 años que se venía construyendo un modelo de país frente al cual, una camarilla militar enancada en un sector social se oponen al mismo e interrumpen su desarrollo. Este debate se inicia el 16 de septiembre de 1955 con el golpe de estado que destituye a Juan D. Perón, concluyendo el 25 de mayo de 1973, cuando un justicialista –Héctor J. Cámpora- asume la Presidencia de la Nación.
Es paradigmático que quien debe entregar el mando sea el general Alejandro A. Lanusse, que se opusiera al peronismo desde el fracasado golpe de 1951, y al cual Perón lo considera como un ejemplo de traición consecuente, cuya historia parte de la traición a Lonardi, que se negó a saludar al Jefe de Granaderos por ser el primero de la escolta presidencial que traicionó a su Presidente, pasando por la traición a Frondizi, a Illía, a Onganía y a Levingston (Perón, Juan Domingo, A los compañeros del Frente Justicialista de Liberación, en Las Bases, 8 de marzo de 1973, p.6).
Muchos contribuyeron al logro de esa victoria justicialista con su esfuerzo militante, aún con sus vidas entregadas por un ideal plasmado en el símbolo «Perón vuelve», escrito millones de veces en cuanta pared había en Argentina, en ese transcurso se suma una joven generación que no tiene recuerdos en su memoria personal de los gobiernos de Perón, pero que pone en su regreso la esperanza. Y por eso, de la plaza de ese 25 de mayo de 1973, ellos podrán decir, no habrá ninguna igual... no habrá ninguna.
El punto de partida para comprender la estrategia de Perón, a partir de ese momento, es el Acta de Compromiso Nacional firmada el 8 de junio de 1973 entre José Ignacio Rucci por la Confederación General del Trabajo, Julio Broner por la Confederación General Económica y José Ber Gelbard por el Gobierno, sellando institucionalmente el denominado «pacto social». Se trataba de un proyecto pacífico de reconstrucción y liberación nacional.
La mencionada Acta no se reduce a una reglamentación de pautas económicas, explícitamente ella sostiene: "...esta Acta de Compromiso no es un acuerdo coyuntural de precios y salarios, es la definición de una acción política irreversible..." (Revista Panorama, 1973, N° 337, pág. 6). Es decir, se trata de una alianza entre el movimiento obrero organizado y las entidades empresarias con vistas a la acción política que constituía el plan de gobierno, pero también era un pacto político al cual, desde la conformación de La Hora del Pueblo, la Unión Cívica Radical se suma a ese proyecto creando una legitimación del sistema democrático.
Ese proyecto de reconstrucción y liberación nacional sufre dos fuertes embates: el asesinato de José I. Rucci y la muerte de Juan D. Perón. A ello lo acompaña la actitud de FAR y Montoneros de enfrentamiento a Perón (Revista El Descamisado, 1973, N° 119, pág. 2) y su pasaje a la clandestinidad en septiembre de 1974 durante un gobierno democrático, actitud funcional a los grupos de poder antiperonistas que nunca habían dejado de tramar una nueva reacción.
La presidente María Estela Martínez de Perón debe afrontar una situación verdaderamente crítica sin contar con el apoyo de la oposición, que hubiera permitido una transición ordenada. Por el contrario, Raúl Alfonsín expresará acerca de la situación política vigente que "...el peronismo ha operado aceleradamente el desplazamiento de sus sectores progresistas [...] La calificación de «golpe de derecha» corre exclusivamente por nuestra cuenta..." (Revista Panorama, 1974, N° 354, pág. 13); Arturo Frondizi hablará de una participación directa de las Fuerzas Armadas en el llamado «post-peronismo», y Ricardo Balbín dirá que es necesario llegar aunque sea con muletas, a las elecciones de octubre de 1976, cuando un radical -según él- sería el nuevo presidente.
Por su parte, a esto que se denomina «una etapa caótica» es posible cuantificarla. En octubre de 1975, el Ejército argentino estimaba que los miembros del ERP eran 280 cuadros militarmente activos y 3000 de escaso valor militar (Tucumán, Argentina: cuna de la Independencia (1816-1977) y sepulcro de la subversión (1975-1977), Buenos Aires, S/d. 1979, pág. 57) y en abril de 1977 la Junta Militar estimaba que la fuerza de Montoneros era entre 2.843 y 2.883 (La Opinión, 21.04.1977). A su vez, la violencia ocurrida entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976 por el operar de los grupos guerrilleros arrojaba un número de víctimas de 1.358 personas, de las cuales 66 eran militares, 136 policías provinciales, 34 de la Policía Federal, 445 guerrilleros y 677 civiles (Floria, C. A. y García Belsunce, C. A., Historia política de la Argentina contemporánea (1880-1983), Madrid, Alianza, 1988 pág. 232) (1). Puesto en cifras y tomando en cuenta el creciente descrédito que las organizaciones guerrilleras iban ganando, eran un claro signo de su derrota política.
Coincidentemente con ello, en enero de 1976, el comandante en jefe del Ejército, Jorge R. Videla, elaboró un informe sobre las organizaciones guerrilleras donde se las caracteriza como de impotencia absoluta en cuanto a su poder militar, señalando que se habría demostrado la incapacidad de los grupos subversivos para trascender en el plano militar (Clarín 30.01.1976).
Las medidas que se tomaron frente al accionar subversivo se encuadraron en el marco del estado de sitio, complementándose con la promulgación de los decretos 2.770/75, 2.771/75 y 2.772/75 el 6 de octubre de 1975 y firmados por Italo A. Luder –presidente provisorio del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo- abriéndose la posibilidad de organizar la represión legítima en forma legal. Reincorporada en el ejercicio de sus funciones la presidente Martínez de Perón encomienda a José Deheza la redacción de un proyecto de ley que contemple las necesidades de la defensa nacional, y sustituya el decreto-ley 16.970/66 promulgado por el general Juan C. Onganía, a la vez que deroga los decretos en cuestión.
El proyecto ingresa en la Cámara de Diputados el 21 de octubre de ese mismo año y es aprobado con reformas, el 31 de noviembre (el mismo puede ser consultado, al igual que el texto de los decretos en nuestro Sindicalismo y Dictadura).
Hay dos elementos centrales sobre los que se construye el proyecto: 1) Para que actúen las Fuerzas Armadas es necesario que se declare al territorio donde operarán como «zona de emergencia», lo cual solo puede plantearse por conmoción interna grave. Esa herramienta decisoria está en manos del presidente (artículos 26 y 30). El tema es debatido y finalmente se aprueba que el Poder Ejecutivo tomara la decisión pero debe informar inmediatamente al Congreso para su ratificación o rectificación. 2) Se mantiene la autonomía de los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de operaciones (artículo 29 y 35), sosteniendo la garantía de los derechos de quienes fueran detenidos o prisioneros. Finalmente, sostiene la explícita prohibición –aun en el ámbito militar- de establecer la pena de muerte.
El llamado Grupo de Trabajo compuesto, entre otros diputados por Ricardo de Luca, Nilda Garré, Luis Rubeo, Carlos Auyero, Carlos Imbaud, Julio Migliozzi, Jesús Porto, Enrique Osella Muñoz, Eduardo Farías, Roberto Bustos, Julio Mera Figueroa, Carlos Palacio Deheza, Luis A. Sobrino Aranda y Julio Bárbaro obstruyen el llamado a sesiones extraordinarias amenazando solicitar un juicio político a la presidente, lo cual hace que el proyecto aprobado en diputados no se pueda tratar en 1975 en el Senado. Abiertas finalmente las sesiones extraordinarias el 24 de febrero de 1976, las acciones psicológicas de preparación del golpe de estado (lock out, la prensa, etc.) tuvieron más peso sobre los senadores que la necesidad de tratar dicho proyecto.
Como queda claro, la represión no se hizo en nombre de ningún decreto de un gobierno democrático. También que el «caos» y la posibilidad cierta de una «patria socialista», es puro verso y tiene más de terrorismo mediático e intensiones ocultas que otra cosa.
En Argentina hubo una guerra sucia.
Si tenemos que responder el por que del golpe de estado de 1976, la documentación existente nos impide seguir diciendo que fue para evitar un triunfo del inmundo trapo rojo. Veremos entonces quien organizó el fragote y sus motivos.
Los grupos económicos que conformaron el núcleo de la conspiración estaban representados por tres sectores: el sector agropecuario, fundamentalmente compuesto por la SRA; el sector financiero, cuya cabeza visible era la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y finalmente estarán los miembros de la patria contratista encuadrados en la Unión Industrial Argentina (UIA). A pesar de la diversidad de intereses que poseían, los grupos económicos que apoyaron el golpe militar tenían en común la convicción de que en Argentina se desarrolló un capitalismo tortuoso (Canitrot, Adolfo, Teoría y práctica del liberalismo en Desarrollo Económico, 1981, pág. 82) consistente en una mezcla de capitalistas débiles y sindicalistas fuertes.
Otro sector del empresariado lo conforma el llamado "grupo Perriaux", el más liberal y antiperonista. El nombre deriva del abogado Jaime Perriaux y en cuya casa se reunían para conspirar Enrique Loncan, Mario Cadenas Madariaga, Luis y Carlos García Martínez, Guillermo Zubarán, Horacio García Belsunce, Luis García Venturini, Alberto Rodríguez Varela, el general (R) Hugo M. Miatello. Quienes ponen "oficialmente" al grupo en contacto con el Ejército serán los generales Santiago O. Riveros, Carlos G. Suárez Mason y el mencionado Miatello. También informan al almirante Emilio E. Massera. En forma indirecta mantenían contactos con Walter Klein, Adolfo Diz, Alejandro Estrada y Manuel Solanet. Allí también concurría José A. Martínez de Hoz (2) .
En el caso de los militares podríamos distinguir tres bloques «ideológicos», los liberales representados por Jorge R. Videla y Roberto Viola; los "nacionalistas" representados por Carlos G. Suárez Mason y Benjamín Menéndez, y finalmente, los populistas expresados por Eduardo E. Massera.
Lo que estos grupos sostendrán frente al "capitalismo tortuoso" es un discurso que culminan de articular después de la muerte de Juan D. Perón, considerando ese momento como un "ahora o nunca", pues en octubre habría elecciones y el futuro presidente sería otro peronista o a lo sumo un radical. Por eso consideran necesario erradicar lo que llamaron la subversión, pero que lejos estaba de ser "la patria socialista" sino que se trataba de desarticular el armado social que el Peronismo había realizado a lo largo de treinta años, cuyo eje eran el Movimiento Obrero Organizado; lo que los militares llamarán opositores "complacientes" (radicales y la izquierda parlamentaria); lo que quedaba del estado de bienestar, y por último, la economía urbano-industrial –levantada desde la década del treinta- cuyo soporte social eran los que consideraban "trabajadores indisciplinados" y "empresarios ineficientes" (Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y Democracia (1955-1983), Buenos Aires, CEDAL, 1983, pág. 63).
En agosto de 1975, Videla es nombrado comandante en jefe del Ejército, y en octubre solicita que se prepare una carpeta con lineamientos generales, un juego en la mesa de arena, para ser utilizada sin fecha en un golpe de estado; según Juan Bautista Yofre (Ámbito Financiero. 23.03.2006), el pedido del trabajo se realizó cuando se conoció que era irreversible el retorno de la Presidenta a la Casa Rosada (3), después de unos días que pasó recuperando su salud en Ascochingas (provincia de Córdoba) y en noviembre de ese mismo año, el grupo fragotero encarga a José A. Martínez de Hoz y un equipo de empresarios y técnicos un plan de la nueva política económica a instrumentar, el cual quedará plasmado en un documento que lleva el título de "Bases para una Argentina Moderna (1976-1980)", que se dará a conocer el 2 de abril de 1976 en el discurso en el que, el ya ministro de Economía expone sus puntos de vista.
Tras el golpe de estado, la SRA se quedó con la Secretaría de Ganadería y logrará la derogación de la ley 21251/75, evitando al sector el pago de ingresos brutos provinciales. Un aumento del 72% en los precios de la producción animal en 1976 define la política hacia el sector emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con lo expuesto por Celedonio Pereda –presidente de la SRA-: "...llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos..." (La Nación 06.06.1976).
ADEBA -que reúne la banca privada nacional y extranjera- reclama y obtiene como botín el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Su titular, Narciso Ocampo, sostuvo ante la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que: "...la intervención de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 pone fin a un período histórico argentino, se abre así una etapa de promisorias perspectivas ya que, cualquiera sea su evolución y resultados finales, el solo hecho de que se apunte al ordenamiento social y económico y se restituya el principio de autoridad, constituye un vuelco indiscutiblemente positivo..." (ADEBA - Memoria 1975-1976, Buenos Aires, 1976, pág. 8).
La Asamblea Permanente de Grupos Empresariales (APEGE) –formada en 1975 para contrarrestar a la Confederación General Económica (CGE) que apoyó el proyecto nacional de Perón- tenía entre sus miembros a la Unión Industrial Argentina (Jorge Aguado), la Cámara Argentina de Comercio (Armando Braun), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa –CAME- (Osvaldo Cornide), la Sociedad Rural (Celedonio Pereda), la Cámara Argentina de la Construcción (César Polledo, Roberto Meoli), la Cámara de Sociedades Anónimas (Federico Peña) y la Cámara de Grandes Tiendas (Juan Sabaté), organiza el 16 de febrero de 1976 un lock-out patronal, los apagones y el cierre premeditado de negocios como parte de una estrategia donde izquierda y derecha eran funcionales en la preparación del golpe de estado . Su accionar junto al de algunos medios de comunicación buscó precipitar un estado de ánimo colectivo –particularmente de la clase media- a favor de un cambio de gobierno, por el «caos» reinante. Como resultado de ello y tras el golpe, la CGE es disuelta por medio del decreto 21.599/77, mientras que el resto de las organizaciones empresariales continúan su funcionamiento institucional.
La suciedad de esa supuesta guerra está en los verdaderos motivos por los cuales se hizo el golpe de estado, a lo que no es ajeno que el 53.8% de los desaparecidos sean trabajadores, muchos de los cuales eran dirigentes sindicales; que a los dirigentes peronistas se los encarceló en barcos y cárceles en condiciones indignas e injustas; que las acciones durante todo el proceso dictatorial fueran llevadas adelante por el Movimiento Obrero Organizado; que cuando hay que denunciar las desapariciones son dirigentes peronistas que solo acompañados por las madres de los desaparecidos, marchan hacia la Comisión de DD. HH. de la OEA para hacerlo.
Decía el novelista alemán Ernst von Salomón: la verdad cobra venganza. Es bueno que dejemos entonces de "comer vidrio" y comencemos a colocarnos más allá de Verbitsky y Pando, para develar la verdad… que sólo se explica cuando contestamos ¿quién? ¿por qué? ¿a quién benefició?
Notas:
(1) Para tener una dimensión en nuestros días, compárese con los 7000 que mueren por año desde 1998, en accidentes de tránsito.
(2) Martínez de Hoz estaba ligado a la Banca Morgan a través de su cargo en el directorio de Western Telegraph (grupo ITT) y por su lugar en ACINDAR –filial de la US Steel- cuya presidencia ocupara de 1973 a 1976.
(3) Aludiendo a ese intento fallido de reemplazo «institucional» o «bordaberrización», en los llamados Documentos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional, se sostiene en su primer párrafo: "Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones, dentro del marco de las instituciones..." Buenos Aires. Presidencia de la Nación 1976, p.3
(4) Los momentos centrales de esa preparación fueron dados el 18 de diciembre de 1975 se levanta el brigadier Jesús Orlando Capellini, logrando el desplazamiento del comandante de la Fuerza Aérea –Brigadier Héctor Fautario- quien compartía la idea de una salida democrática y asumirá el golpista brigadier Orlando R. Agosti. Después del mencionado lock-out, APEGE convocará a una semana de protesta del 21 al 28 de febrero de 1976. En 1977 se declara el 16 de febrero, aniversario del lock-out Día del Empresariado.
