Santiago Mallorca

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EL PERONISMO ANTIPERONISTA

La culminación de la reciente campaña electoral ha dejado un sabor amargo. Es que si bien existen expresiones del peronismo en distintas alianzas o partidos políticos como Unión Pro, el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica u otras agrupaciones menores, hay una tendencia dirigida a ocultar o, más aún, a erradicar cualquier vestigio de ese rasgo de identidad.

En la Capital es donde este fenómeno (por llamarlo de alguna manera) resulta más evidente. Las principales listas contienen figuras del peronismo, sí, pero que se encuentran convenientemente disimuladas para evitar un supuesto rechazo de la público. En el Pro, la figura edulcorada de Michetti aleja cualquier posibilidad de ver a los peronistas que están acompañando ese proyecto, aún cuando es sabido el componente de “muchachos” que han sido sumados al gobierno macrista. Si tomamos a la Coalición, el nombre de Prat Gay y de los radicales que lo secundan oscurece la presencia de la “pata peronista” que se propuso articular Carrió, vía Gerardo Conte Grand y otros.

El oficialismo nacional, por su parte, tampoco se queda atrás. El acuerdo con Heller, banquero ligado al PC, supuso un golpe muy duro para el PJ porteño, sólo matizado con las incorporaciones de otros exponentes peronistas en la lista. Finalmente, tenemos el caso de Pino Solanas que, sin perjuicio de su historia personal, asienta su discurso en un nacionalismo de izquierda principista.

En la Provincia de Buenos Aires el panorama no es mejor. La única diferencia es que la utilización de la liturgia peronista puede crear el espejismo de ver candidatos o propuestas genuinamente peronistas donde, en esencia, no las hay. Ni la adquisición de memorabilia por De Narváez ni la retórica encendida de Kirchner alcanzan para superar esta situación.

En rigor, los problemas no son sólo las formas sino los contenidos. Es que el peronismo ha centrado, históricamente, su mirada en el conflicto distributivo, también conocido como puja distributiva. Su fortaleza, hay que decirlo, ha sido la forma de gestionar esa lucha de intereses con miras a elevar el nivel de justicia o equidad social.

La resistencia o negativa a iniciar un debate serio sobre estos aspectos, es lo que caracterizó a esta campaña electoral, preocupada por las consecuencias de un programa televisivo de imitación, por la mejor manera de transmitir corrección política o por generar una mayor sensiblería superficial a costa de tragedias generales o personales.

En este escenario, nadie desea “sacar los pies del plato”. Es preferible hablar de las estatizaciones o del campo, es decir, de
temas genéricos que no generen inquietud.

Muchos peronistas han aceptado este estado de cosas. Han preferido, en las principales opciones que hoy se debaten, ser los invitados “de piedra”, los “impresentables”, a quienes se les puede alquilar el cotillón sin que participen de la boda política.

Pero, a pesar de todo, el conflicto distributivo sigue allí, latente, esperando, profundizando sus miserias, a la espera de una resolución, pacífica o nó, que lo saque de su silencio.

Como al peronismo.-

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La judicialización de la gestión pública

Los otros protagonistas

El año 2008 consolidó la aparición de distintos sectores que vienen influyendo en la escena política. Algunos son de importancia previsible (los sindicatos) otros tienen un perfil menos llamativo (ciertos empresarios, la iglesia) y otros se han fortalecido a costa de las malas decisiones oficiales (el campo).

Entre todos ellos, merece un lugar la ascendente intervención de los tribunales en cuestiones inherentes tanto al ejercicio legislativo como a la acción cotidiana de la administración. Desde que se renovó la integración de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial pasó por su tamiz no sólo los litigios entre particulares o entre éstos y el Estado, sino también diversos tópicos que se proyectaron sobre los intereses de la sociedad, como la indemnización por despido, los accidentes de trabajo, el saneamiento del Riachuelo, la movilidad jubilatoria, la situación de menores detenidos, la elección de delegados sindicales y -próximamente, según anunciaron- el tratamiento penal del consumo de drogas.

En cada uno de estos casos (y la lista podría seguir) se determinó una obligación a cargo de alguno de los otros poderes o funciones del Estado. No hablamos sólo de supuestos de ilegalidad o arbitrariedad que los jueces deben sancionar sino también del dictado de medidas que parecen sustituir la presunta omisión del legislador o del administrador.
No deja de resultar significativo que el actual gobierno en su primer período (K1) hizo de la modificación de la Corte una bandera de pluralidad y transparencia, saludada tanto por los llamados "progresistas" de la izquierda como por la derecha "culta" del diario La Nación.

Sin embargo, y aquí se encuentra la paradoja, ha sido la justicia -al revés de otras corporaciones- la que aprovechó este supuesto aire renovador para señalar primero y decidir después, los temas prioritarios de la agenda estatal. Incluso, ha llegado a "devolver" a este gobierno (K2) los efectos de su otrora proclamada doctrina penal garantista, justamente en un tema tan caro al oficialismo como es el de los derechos humanos.

Tanto activismo judicial en una época en la que se reprocha la concentración de poder, merece algunos interrogantes: ¿Es una lógica derivación del famoso sistema de "frenos y contrapesos" que funciona para distribuir adecuadamente el ejercicio de las atribuciones constitucionales? ¿Es una ilusión creada por el gobierno, quien "deja" que algunas cuestiones sean determinadas por la justicia para exhibir, además, la "independencia" que existe en las distintas esferas del Estado? ¿Es la mera ocupación de espacios de decisión que en la actualidad se encuentran desiertos por la inercia del propio gobierno?


Las sospechas de Napoleón

Derivación de la revolución francesa, la separación de funciones en el Estado dio lugar a la transformación del Consejo de Estado, órgano existente en la monarquía, en una instancia de asesoramiento y juzgamiento de la propia Administración. Desconfiado de los funcionarios judiciales, Napoleón enriqueció las funciones del Consejo de Estado para que sea la propia burocracia la que examine los actos de la burocracia.

Si bien este sistema, propio de la historia francesa, fue evolucionando, otros países no dudaron en adoptar distintos criterios para constituir algún límite a las potestades de la justicia. Estados Unidos, nación invocada reiteradamente por su respeto a las libertades, utilizó tanto las cuestiones políticas no justiciables como la directa apelación a la seguridad nacional para impedir que los jueces decidan asuntos de interés del Estado (ver el caso Guantánamo).

Otras experiencias, han apelado a la emergencia o a la excepción para frenar el avance de las pretensiones judiciales, con distinto éxito.

Nuestro ejemplo local se nutre de casi todos estos antecedentes, aunque luego de la reforma constitucional, ha quedado muy reducido el campo de actuación oficial fuera del ojo de la justicia.

Sin perjuicio de ello, y de las opiniones que han surgido respecto a la necesidad y utilidad de que exista una zona de reserva administrativa, ajena al control judicial, aquí se reitera nuestra aclaración. Propio de esta función es "decir lo justo" ante una situación de arbitrariedad o ilicitud; la dificultad se presenta cuando "lo justo" supera el caso individual para extenderse -como medida de gobierno- a todo un sector de la sociedad o, mejor aún, a la comunidad entera.

Como vemos, los recelos de nuestro Cónsul tenían algún sustento, máxime, si lo que veía en juego era nada menos que la iniciativa política o el riesgo de perder una posición alcanzada como punto de partida para el desarrollo de un plan oficial.

 

¿Será Justicia...o Administración?

Hay que considerar que, de los tres poderes, el judicial posee características propias acordes al ejercicio de su misión. Sus integrantes no son electos por voto popular, sino seleccionados por órganos de carácter sectorial (consejos de la magistratura), poseen garantías relacionadas con su remuneración y su tratamiento impositivo, no pueden ser removidos de sus cargos sin un procedimiento especial previo y no tienen una edad máxima obligatoria para su retiro (caso Fayt).

En tales circunstancias, tradicionalmente los magistrados cultivaban el bajo perfil, "hablaban por sus fallos".

Actualmente, opinan sobre temas generales en entrevistas ofrecidas a los medios de comunicación, anticipan las cuestiones que podrían abordar en un futuro inmediato o, por el contrario, sorprenden con sus decisiones sin aviso previo, obligando a los restantes actores a reacomodar su posición ante el fallo dictado.

En materia penal, principalmente, guarda mayor importancia el criterio que tendrá un juez para resolver determinada situación que el programa elaborado a ese efecto por el legislador.

Hace muchos años, Carl Schmitt anticipó que al Estado legislativo sobrevendría el Estado administrativo, teniendo en cuenta la creciente complejidad e inmediatez de las demandas sociales.

Ahora bien, si un Ejecutivo y un Legislativo surgidos de elecciones y a cargo de los asuntos públicos resultan incapaces para resolver cotidianamente algunos de estos problemas, ¿es el Poder Judicial el nuevo administrador?

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Olvidos y decepciones

"Debo confesar que tengo especial indulgencia con las personas distraídas;
sus olvidos y equivocaciones me conmueven en lugar de impacientarme,
y estoy pronto a disculpar a Tiberio Claudio de todos los crímenes
(falsos, tal vez) que le imputa Suetonio, por haber preguntado
al sentarse a la mesa poco después de que hiciera ejecutar a su mujer:
"Por qué no está la emperatriz?".
José Bianco, "Las Ratas".


Apagado o fuera del área de cobertura.

Sorpresa, asombro. Esto parece manifestar el poder oficial cuando se anoticia que carece de elementos suficientes para gestionar la totalidad de las variables políticas. Toda la apuesta pica destinada a encolumnar a las masas, sus dirigentes y representantes, detrás de una cuestión complementaria (las retenciones al agro) en relación a la cuestión principal (el destino del país), ha quedado diluida en los ingentes esfuerzos invertidos para mantener el paradigma de la invulnerabilidad o, si se quiere, de la permanente victoria.

Es que, a contrario de lo que propugnan los manuales de estrategia (de negocios, militares, de acción política), se ha invertido tanto capital en obtener un triunfo en la llamada "pelea con el campo" que las heridas y eventuales pérdidas que se registren al final de la batalla pueden tener efectos permanentes e inclusive superiores al logro conseguido.

Si no fuera por la absoluta falta de ingenuidad que tienen los protagonistas de la escena nacional, uno podría ser -como el personaje de la obra de Bianco- indulgente con las distracciones que padecen algunos funcionarios del Gobierno, principalmente cuando reclaman una cuota de entrega y lealtad a quienes, o los han desconocido tiempo atrás como interlocutores o les han "rifado" el porvenir electoral en el tiempo próximo.

Es que la conocida frase de acompañamiento hasta las puertas del cementerio cobró vida (valga el termino) con toda su amplitud. El riesgo de quedar atrapado en las entrañas de una posible necrópolis familiar hizo que toda una serie de concejales, intendentes, legisladores, sindicalistas, gobernadores y jueces, hasta hace poco propios o aliados, evitaran el completo embanderamiento en la causa oficial, a pesar de las presiones sostenidas para ello. El resultado fue el rápido reconocimiento de roles que cada uno de aquellos ocupa en la sociedad, como forma de guarecerse ante el chubasco convertido en temporal.

Sin embargo, esto no significa el prematuro reconocimiento de una oposición, finalmente consolidada para enfrentar al gobierno. Nada de eso, es algo mucho más profundo. Una especie de abducción que sufrieron los integrantes de los otros "poderes" del Estado para ocupar una posición "institucional", palabra repetida hasta el hartazgo y que supone una seria equidistancia de los objetivos particulares defendidos en la pulseada fiscal/agraria.

Este "balconeo" burocrático de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la Corte Suprema, entre otros, no es nuevo. Generalmente, precede al momento en que el poder de turno, comienza a perder sus rasgos monolíticos y a generar sus propios anticuerpos. Lo nuevo es que haya ocurrido a tan poco tiempo del nuevo mandato presidencial, entendiéndose por esto tanto el administrativo como el del peronismo partidario.


Mensajeros de texto, uníos.

Si el gobierno hubiera observado con mayor detenimiento el rumor de la calle, se habría evitado el asombro de descubrir, a esta altura, la magnitud del proceso. En vez de enfrascarse en la reutilización de términos como "oligarquía" o "pueblo" que, si bien no han dejado de tener vigencia emiten una complejidad actual que trasciende la comprensión directa; tendrían que haber advertido que la guerra de trincheras que imaginaron inicialmente (piquetes y cortes de ruta por un lado y actos masivos y reiterados por el otro), derivo con rapidez en una guerra de posiciones que concluyo dinamitando sus bunkers de contención.

Esta modificación del juego de fuerzas tuvo un insospechado protagonista: el e-mail. Más que nunca, los correos electrónicos y mensajes de texto circularon para convocar "cacerolazos", marchas a las plazas, a las intendencias, a la residencia de Olivos, para comunicarse con los piquetes del campo, para responder a los programas de televisión, para comentar las noticias en las páginas web de los diarios, etc. Si los AK-47 figuran en las banderas de algunos países o formaciones armadas como símbolo y reconocimiento a su utilidad, el e-mail debería lucir en el estandarte de quienes protestaron contra las retenciones móviles. Las cacerolas o las carpas terminaron como elementos secundarios, de distracción, meros ropajes de la acción política. Lo definitorio fue el mail, porque su contenido de ideas o estados de emoción se transmitió con inmediatez e instantaneidad.

Ante tamaño instrumento táctico, el oficialismo respondió con métodos tradicionales: ocupación del territorio (la plaza de Mayo, la del Congreso) y de los medios de comunicación tradicionales (radios, tv, diarios), pero no pudo con el mail. Como los buques británicos ante la llegada de los Exocet durante la guerra de Malvinas, cuando visualizaron la estela ya fue demasiado tarde.

No es que debamos valorar el e-mail como el mayor instrumento de actividad política contemporánea. Sino que su utilización en esta contienda reveló un sentimiento de crispación social unido a su necesidad de expresarse a través de medios no controlados, directa o indirectamente, por el poder. Esta voluntad, más bien de tipo burgués (para usar otro termino revalorizado), se fue extendiendo al resto de la población, que les fue agregando su frustración particular, generando a su vez un estado colectivo de irritación que, cuando se quiso detener, fue tarde, contraproducente.

Estas "grietas" en los diques de contención social fueron ignoradas por el gobierno, quien se asentó en la respuesta de sus filas, aguardando un respaldo abrumador que no llego. Y no llegó porque, dejando de lado el apoyo formal que pueda significar una ley, quedo en evidencia un universo inasible para propios y ajenos como es el humor social, tan sensible luego del 2001, tan sensible luego del 2007.


La maza sin cantera.

Una de las principales preocupaciones de Perón, cuando les hablo a los congresales constituyentes de su partido, fue la de inculcarles el valor que la fuerza del espíritu tiene en la organización y sustentación de un proyecto político. La comunidad de ideas, valores y objetivos, la capacidad de iniciativa en el terreno y la rapidez para adaptarse a los frecuentes cambios de la reglas de juego fue unas de las tantas innovaciones que les presento como forma de hacer política de cara a los esquemas tradicionales.

En el presente, estos elementos siguen teniendo importancia. Pero no pueden ser aplicados con una óptica de movimientismo profesional combinado con cierta esclerosis estratégica, denotada a partir de levantar una bandera que algunos entienden, pocos explican y casi nadie justifica. La reiteración de estos errores puede llevar a un fracaso más profundo, de características irreversibles, que deje a la posición oficial golpeando en el vacío, asombrada por la ausencia de las presencias que reclama y, en su ingenuidad, interrogándose por qué no están.-

 

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ARGENTINA, AL ESTE DE JAVA

Explosiones, implosiones

Hace casi cuarenta años (1969) se estrenaba un digno ejemplo de aquellas películas que entrelazaban en su trama, acción y aventuras en un escenario atravesado por la erupción de un volcán en una isla del Pacífico, allá por 1883.
El film, que no es otro que "Krakatoa, al este de Java", sirve de referencia para observar el giro escénico que tomó la realidad política de nuestro país: el estallido de la pelea frontal por el poder, mediante la derivación de un conflicto sectorial y la participación de un conjunto de personajes, conocidos e ignotos, que tratan de satisfacer sus más diversas ambiciones metálicas (del bronce y del oro).
Todo esto se ha desarrollado al amparo de la erupción del volcán Chaiten, la que, si no fuera por la tragedia de quienes lo sufren, constituiría la metafora dramática de la implosión que se desencadenó en nuestra comunidad a todo nivel; una escenografía perfecta de la mejor producción nacional.
En medio de todo este entuerto, recíprocamente justificado en la pelea por las famosas retenciones móviles al campo, quedó al descubierto una de las mayores orfandades que padece la Argentina del siglo XXI: la política.

 

Sin red

¿Qué sucede cuando los detentadores del poder, públicos o privados, oficialistas u opositores, por insuficiencia de medios, ineficiencia de fines o inutilidad de objetivos, no alcanzan a consolidarse y ven peligrar su posición? Una de las salidas clásicas es el famoso "salto hacia delante", es decir, una proyección al vacío político, revestida de cierto sentido "épico", tendiente a aglutinar las fuerzas del terreno, recuperar protagonismo y, en el mejor de los casos, doblegar al adversario para alcanzar la "victoria" esperada.
Nada de esto tiene que ver con la solución de problemas de fondo o la adopción de medidas sustanciales que provengan de alguna concepción estratégica sobre lo que se quiere hacer con el país.
Para el gobierno, cuya utilización de los conflictos es recurrente, la crisis del campo sirvió a la finalidad de oscurecer la mirada pública hacia otros temas irresueltos y que hacen a su responsabilidad inmediata: el nivel de pobreza, educación y seguridad, es decir, nada menos que el bienestar de muchos argentinos que no han visto los proclamados beneficios de la "redistribución del ingreso" de las retenciones móviles.
La oposición, al fin, encontró una bandera, para la mayoría ajena, de reivindicación sectorial, que le permitió abordar la única lucha que está dispuesta a dar: la lucha mediática. Este grupo variopinto de opositores reunió desde "sellos" troskistas y ultraconservadores hasta dirigentes de discurso profético, que confunden términos provenientes de la obstetricia y la religión, para deleite de sus simpatizantes.
Y finalmente, pero no menos importante, queda el campo, cuya diversidad ha sido ignorada tanto por el error oficial como por los gorilas que aprovecharon la oportunidad para cambiar su imagen y hacer ejercicios airados de civilidad.

 

La normalidad de la excepción

¿Qué sucedió para llegar a esta crisis interna, sólo comparable en términos de confianza social, a la registrada a fines de 2001?
Una de las maneras de acercarse a este tema implica, desde el inicio, pensar la división entre lo ordinario y lo extraordinario. En otras palabras, aquellos acontecimientos que superan el regular devenir de las cosas, se ubican en la genérica categoría de excepcionales y, cuando estos, a su vez, producen un impacto negativo en la vida de las personas y sus bienes, alcanzan el llamado estado de emergencia.
Que el manejo de tales situaciones obliga a la utilización de medios especiales para superarlas no es novedad. Tampoco es novedad que dicha atribución dura tanto como la emergencia que debe conjurarse. Lo curioso es que la prolongación en el tiempo de la excepcionalidad, sirva para justificar la totalidad de una acción, aún en un entorno positivo.
Desde la antigüedad hasta nuestros días, la cuestión de la emergencia y su tratamiento desde el poder político ha sido objeto de reiterados estudios. Recientemente, autores como Giorgio Agamben se han ocupado, además, de dar una vuelta de tuerca al tema al introducir un rasgo que se evidencia en la actualidad: la dimensión de lo extraordinario en la normalidad, en la solución de lo cotidiano.
Nuestro país, que ha tratado de restringir el uso del poder excepcional desde su institucionalización (véase las previsiones adoptadas para evitar la suma del poder público) fue recorriendo un sendero que se inició por una construcción judicial de los decretos de necesidad y urgencia y que luego, con la reforma constitucional de 1994, tuvo su reglamentación.
Pero en medio de ello, quedaron fuera de control las sucesivas leyes de emergencia, urgencia, etc. que respondieron a los más diversos motivos pero cuyo objetivo fue siempre el mismo: la delegación legislativa de poder.
Desde el regreso a la democracia, primero fueron "las grandes regulaciones sociales de urgencia" (congelamientos de salarios, jubilaciones), luego vinieron las "grandes modernizaciones" (emergencia administrativa, privatizaciones), después las "emergencias pacificadoras" de principios de este siglo y, luego, las "urgencias del crecimiento": la necesidad de tener remedios extraordinarios para administrar la denominada recuperación extraordinaria.
Lo interesante de todo este proceso fue una declinación de las formas legales. Lo que era ley fue decreto y lo que era decreto se transformó en resolución. Esta discrecionalidad explica, en parte, que el aumento de las retenciones móviles haya sido dispuesto por un ministro, con la misma facilidad con que se nombra a un cadete o se compra una partida de librería (diríamos que la facilidad fue mayor en el caso del campo).
Y esto, que parece un tema ritual, es nada menos que la degradación institucional que culminó en el conocido "paro" agrario, en el estallido corporativo que puso sobre el tapete la excepción en la normalidad, el arbitrio de la urgencia en lo ordinario.

 

El peronismo geológico

Mientras tanto, ¿Que hace el peronismo ante este cuadro de situación? Por supuesto, es difícil obtener una única respuesta. Si sigue la línea orgánica queda atado a las consecuencias de la política oficial. Si se ubica al lado de los dirigentes agropecuarios termina apoyando esa mezcla de gorilismo y barricada que destila la protesta.
Es evidente que debe superar esa dialéctica y avanzar hacia una respuesta inteligente, que le permita "oxigenar" su pensamiento más allá de la coyuntura. No le vendría mal buscar en sus orígenes para recuperar algo de la identidad perdida.
Sin embargo, esta búsqueda no debe quedar sujeta a los liderazgos fallidos que, como capas de eras sucesivas, han sedimentado la conducción del movimiento.
Más allá de esta advertencia, mientras no se arbitre un debate franco sobre su futuro, el peronismo seguirá como ahora, desorientado, humeante, en medio de la lava de un volcán político que estalló y que, como en la película, está dispuesto a llevarse a muchos mientras siga activo.

s.m.

 

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SALVEMOS A NUESTROS HIJOS DE LA ESCUELA ARGENTINA!

Entrada.

Los hechos de Carmen de Patagones y sus reflejos en distintas partes del país, con diversos grados de intensidad, tuvieron el lamentable mérito de poner ante nosotros el estado actual de lo que se ha dado en llamar el "sistema educativo" argentino.

A poco de andar y sin mayor dificultad, observamos que de "sistema" ha quedado muy poco (la falta de coherencia interna de sus elementos es evidente) y de educativo mucho menos. Las noticias de los últimos meses nos ofrecen un reparto de maestras jardineras abusadoras, maestros de formación inicial también abusadores, alumnos que golpean a sus maestras en el nivel medio, alumnos que golpean o matan a sus compañeros en ambos niveles, exhibiciones de armas blancas y de fuego en los establecimientos, unidades académicas universitarias que reúnen en sus claustros a quienes dicen ser piqueteros, artesanos, y presencia de traficantes variados en todos los lugares, sin distinción de nivel. En fin, un panorama desolador, al que también podríamos agregar las medidas de fuerzas de los docentes en varias jurisdicciones, los conflictos internos por la conducción y las cátedras en varias universidades públicas, la falta de cumplimiento del mínimo calendario lectivo, las condiciones edilicias, la ausencia de política nacional y provincial en la materia, etc.


¿Cómo ha llegado a suceder esto? ¿Cómo explicar que una nación considerada líder en el tema educativo para América Latina se encuentre ahora sumergida en el más ineficaz aparato de enseñanza que haya conocido? ¿Cómo entender que se la transmisión efectiva de conocimientos se haya deteriorado a tal punto que la escuela ha pasado a ser un recinto de mínima seguridad donde sus propios destinatarios, pueden transformarse, al mismo tiempo, en victimarios y víctimas por efecto de este proceso?

 

Historia I.

La debacle de la dictadura se llevó consigo la permanencia del modelo educativo tradicional. A partir de allí, el gobierno alfonsinista le apuntó al sistema clásico de bachillerato (para decirlo en sentido amplio) como un esquema autoritario que, además, no se encontraba a la medida de los nuevos tiempos. De paso hizo realidad la ilusión de los lectores gramscianos de ocasión, quienes veían la oportunidad de "copar" la cultura y todo lo que tuviera que ver con lo educativo, como una manera de ganar la batalla ideológica de fondo.

En 1984 se puso en marcha el Congreso Pedagógico Nacional un ámbito multitudinario de discusión que enfrentó las posiciones defensoras de diseños públicos, con fuerte hincapié en el cambio pedagógicos y la equidad, frente a la postura de la educación privada. A la par, se dieron otros debates que involucraron, por ejemplo, a aquellos que pusieron el acento en la escuela como protagonista, otros en la formación de los docentes y otros en los contenidos curriculares.

Al término del Congreso Pedagógico se elaboran algunas propuestas que después serían utilizadas en la década siguiente. Sin embargo, mientras esto sucedía, por un falso criterio "democratizador", la escuela comenzó a transformarse de un recinto "de contenido" a uno "de contención". Ello significó, en la práctica, una mayor flexibilidad para evitar la repitencia y, la disminución de los estándares de disciplina; es decir, lo malo de lo "viejo" se enderezó con lo peor de lo "nuevo".

 

Historia II.

Se ha dicho en esta revista, que la disyuntiva izquierda-derecha ha caducado hace tiempo y es utilizada para confundir a los incautos que todavía siguen creyendo en ella.. Ningún ejemplo resulta más ilustrativo de esto que lo sucedido en los noventa con la reforma educativa: El gobierno menemista no tuvo reparos en solicitar a técnicos pretendidamente "progresistas" la elaboración de lo que luego fue la Ley Federal de Educación.

Allí se terminó de trastocar todo. Se estableció la Educación General Básica y el Polimodal, como forma de alargar y mantener el período de escolaridad y dotarlo de algún grado de especialización laboral. A su vez se dispuso la transferencia de las escuelas a las provincias, reduciendo el papel del Ministerio Nacional del ramo a una instancia de formulación y coordinación de políticas. Se elaboraron nuevos contenidos pero no se profundizó la mejora de la profesión docente, su calificación y la revisión de su régimen estatutario.

Esto convino a todos. El Estado Nacional se quitó un problema de encima, dejándole a las provincias la gestión escolar. Las provincias, por su parte, recibieron el manejo exclusivo de la educación en sus jurisdicciones, sin mayor injerencia del gobierno nacional quien, en esto de "promover el bienestar general" tenía la posibilidad de construir y administrar escuelas nacionales en todo el país, en competencia con ellas. El gremio docente, a su vez, si bien terminó discutiendo con el secretario provincial de turno, no vio disminuido su poder ni cercenada su participación en las juntas o comisiones evaluadoras del personal, manteniendo la llave de la carrera docente.

Cabe preguntarse que pasó con el alumno, dichoso beneficiario de tales esfuerzos patrióticos. Por empezar, debido a este seudofederalismo, perdió la asistencia nacional directa y los beneficios que le aportaría una gestión estratégica de conjunto. Pero lo más dramático fue que, según donde estudiara, pudo tener mayor o menor suerte para sobrevivir en el nuevo sistema, ya que cada jurisdicción entendió (o quiso entender) lo que le convenía de la Ley.

Así, mientras Buenos Aires sustituyó "educación" por "escuela" general básica y trató de paliar sus deficiencias en el nivel inicial, con indiferencia del medio, Córdoba, por ejemplo se dedicó a fortalecer éste último y la Ciudad de Buenos Aires a tratar de mantener el anterior régimen con algunas modificaciones del nuevo.

En fin, mientras para unos la escolaridad se convirtió a un aspecto exclusivamente de protección social, para otros, la reforma oficializó la existencia de una "básica" más un "preuniversitario" al estilo americano.
Por otro lado, puertas adentro, la escuela paso del contenido a la contención y de la contención a la convivencia. Este nuevo término sirvió para desmenuzar aún más el régimen interno de conducta, eliminando amonestaciones, reduciendo las expulsiones como tales (y menos durante el año lectivo), e instituyendo cuerpos colegiados donde los alumnos tratan las faltas cometidas por "alumnos" y determinan sus consecuencias.

Si esto no fuera suficiente, la reforma constitucional y la Ley de Educación Superior fortalecieron la autonomía, gratuidad y sostenimiento de la enseñanza universitaria. Esto derivó en conflictos institucionales con la Nación, cuyo más claro ejemplo fue el ingreso a la carrera de Medicina, potenciando la gestión de rectores como Shuberoff y, en lo más alto de la cuestión, desplazando a un Ministro de Economía como López Murphy, sólo por que unos cuantos estudiantes quemaron unos bancos en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredon.
Por último, toda esta situación (muy brevemente descripta) alentó desde las tribunas neoliberales a ofrecer soluciones "de mercado" como las escuelas charter, la escuela autónoma, etc, lo que tampoco se observa como una solución definitiva a la realidad que vivimos.

 

Salida.

El lector podrá sostener que buena parte de este relato es un ejercicio de pacatería de quien intenta volver al pasado. Nada de eso. Lo dicho constituye un intento de advertir que los hechos de violencia escolar no tienen un origen exclusivo y excluyente en las políticas del FMI, los medios, la crisis de la familia, el nivel de desempleo, Marilyn Manson, u otros tópicos de atribución de culpabilidad. Más bien, no debe dejarse de lado un análisis que se ocupe también del fracaso educativo como derivación de una política fragmentaria constante, diseñada por burócratas, favorecida por grupos particulares de interés y dirigida para disminuir la presencia del Estado Nación, antes protagonista.

La escuela ha quedado condenada a ser un comedor o un merendero como actividad principal (no accesoria), y un reservorio de jóvenes a lo que se mantiene sin objetivos claros, impartiéndose (cuando se puede) una calidad de enseñanza decreciente. En este contexto, donde se ha perdido la noción de comunidad y cada responsable puja por cuestiones sectoriales de beneficio, ¿Hasta cuándo vamos a sorprendernos por las trágicas consecuencias que se están generando?

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POLITICA Y ESTADO DE BAJA INTENSIDAD: II.- Los muchachos de Virginia.

A mediados de la década del ochenta del pasado siglo, cuando aún no había concluido la "guerra fría", el Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de Estados Unidos, con base en Fort Monroe, Virginia, elaboró una Reseña Analítica del Conflicto de Baja Intensidad (Analytical review of low-intensity conflict), cuya abreviatura en nuestro idioma es RACBI.

El RACBI definió el conflicto de baja intensidad como "Una lucha político-militar con alcances limitados para obtener objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. A menudo es prolongado y cubre un rango que va de lo diplomático a lo económico. Se ejercen presiones psicosociales a través del terrorismo y la insurgencia. El conflicto de baja intensidad está confinado, por lo general, a un área geográfica y suelen existir limitaciones en el empleo de armamento, tácticas y violen cia aplicada" (Sohr, Raúl, "Las guerras que nos esperan", Ediciones B, Santiago de Chile, 2000;172).

El examen se refería, en esencia, a la lucha contra la insurgencia, con los buenos recuerdos que ha dejado el protoim perio por estos lados del mundo. Con la caída del comunismo soviético, el conflic to armado, tal como se conocía en el siglo XX, fue circunscribiéndose a escenarios par ticularizados, sea por las condiciones étnicas presentes en el territorio (los Balcanes), sea por las motivaciones geoeconómicas que el mismo ofrecía (Golfo Pérsico, Afganistán, Irak).

Al mismo tiempo, con algunas excepciones, la lucha política violenta en sentido clásico se recluyó, dejando lugar al conflicto político de baja intensidad, alejado en principio de las situaciones insurgentes que anteriormente se conocían.

Mal que nos pese, si excluimos el término "militar" y quitamos las connotaciones particulares de la definición, el término nos permite apreciar en toda su dimensión de que estamos hablando. El objetivo de la lucha política no será, en lo inmediato, la toma del poder o la modificación del sistema político imperante, o ambas cosas. Se tratará de avanzar en forma coactiva, básicamente por fuera de los circuitos de representación, para obtener determinados logros que contribuyan o incrementen la capacidad del grupo que así actúa, a fin de elevar su cuota de poder o su posición negociadora en el aspecto político hasta la generación de un nuevo conflicto de similares características.

La primera imagen de esta modalidad que se nos aparece en Argentina es la de los movimientos piqueteros. Pero no es la única ni la más seria. Multinacionales, grandes empresas nacionales, sindicatos o medios de comunicación han utilizado y utilizan, solos o en conjunto, esta estrategia basada en un ambiente propicio para su multiplicación: la baja intensidad del Estado.

Funcional al nuevo esquema, que guarda las apariencias formales de la democracia occidental, el Estado también opera en idéntica frecuencia política. Su elite de turno diagrama programas y acciones insustanciales que aplacarán el conflicto presente (social, económico, financiero, etc) sin alcanzar soluciones o modificaciones de fondo.

No hay revolución ni contrarrevolución. No hay anarquía total ni tampoco orden civil completo. Es más bien un proceso de degradación sin ruptura, anodino, donde no se descartan los picos de violencia, pero estos son de carácter excepcional por que ninguno de los actores desea aparecer afuera de la trivialidad formal que han generado: un sistema donde nadie es terriblemente malo para excluirse de la legalidad democrática ni resulta, al mismo tiempo, demasiado bueno para no sortearla.

 

La laguna azul.

En uno de sus ingeniosos trabajos, Charles Tilly ha utilizado diferentes imágenes para conceptualizar a la democracia. Por la escala temporal, asemeja el tiempo de la democracia al de un yacimiento petrolífero, cuya presencia depende de largas, muy largas conjunciones de circunstancias que raramente aparecen en la historia y que son poco susceptibles de manipulación humana. Otra es la figura de los jardines. Si bien no florecen en cualquier lado, dados los suelos adecuados, sol y precipitaciones, distintos tipos de jardines crecen en distintas variedades de ambientes.

Sin embargo, el autor concluye que la democracia se asemeja a un lago, esto es, una gran masa de agua situada tierra adentro, formada y alimentada por diversos agentes de la naturaleza, la que una vez consolidada, engendra ecosistemas carac-terísticos y mantiene relaciones características con sus alrededores. En ese orden, la democracia se comportaría como un lago, ya que "…a pesar de que tiene propiedades distintivas y una lógica propia, se forma en una variedad de maneras, cada una de las cuales retiene trazos de su historia singular en los detalles de su presente funcionamiento" (cfr. "La democracia es un lago", en revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, octubre de 1995;25).

Encantadora metáfora, que nos recuerda aquella película donde una pareja de jóvenes parece haber encontrado su edén en el paisaje que rodea una laguna de agua cristalina y fondo opalino. Tilly se apresura a brindar una advertencia: no existiría una razón, a priori, para creer que sólo un grupo de circunstancias produce y sostiene a la democracia, sino que puede aspirarse a obtener un mapa de las vías por las cuales el proceso ha ocurrido, una indicación de las condiciones suficientes -no necesarias- para dicha transformación y una especificación de los mecanismos generales que participan en la producción y en el sostenimiento de las instituciones democráticas cuando éstas se forman. De allí que rescate la importancia de la construcción social como elemento proyectado del futuro democrático, si se tiene en cuenta que "…el secreto de la democracia reside en la expectativa de que el día de uno llegará, de que la pérdida de hoy es sólo un obstáculo temporario, de que todos finalmente tendrán su posibilidad" (1995;25 y 29).

Hasta aquí la definición de lo que podríamos denominar del progreso democrático. Pero ¿Qué sucede cuando ese esperado momento no llega? ¿Cuánto tiempo debe aguardarse para su arribo? En la gloriosa época del accionar estatal, esa esperanza se encontraba alimentada por el resultado de políticas, más o menos efectivas, que dentro de ciertos márgenes de éxito parecían lograrlo. Con la primacía del mercado, el sueño de la iniciativa privada había sustituido la fracasada parábola estatal, pero luego aquella también dejo al descubierto falencias tan o más graves que la anterior, lo que dio lugar a pensar que la bonanza colectiva tampoco llegaría.

Y ahora nos encontramos ante la política y el Estado de baja intensidad. Un par que están convirtiendo a la democracia en un lago pantanoso, que no nos succiona de inmediato, sino poco a poco, dejando margen para alguna libertad de movimientos aunque manteniéndonos atrapados.

 

Reto al destino.

Los Estados Nacionales, prácticamente sin excepción, padecen diferentes convulsiones políticas, sociales y económicas, que los empujan con periodicidad hacia el marasmo de la baja intensidad. De manera distinta, según sea su punto de ubicación en la centralidad del poder (o de los círculos concéntricos de cada civilización, si nos ponemos huntingtonianos) se busca la reelaboración del principio de unidad estatal como una salida a este riesgo cierto del nuevo siglo.

Nuestro país, atravesado por la demagogia y el desinterés, aún no ha tomado debida nota del problema, sin perjuicio de haber observado en la crisis del 2001 el ejemplo más claro de lo que se puede esperar sin una estrategia concreta para el funcionamiento público.

Alguien dijo una vez que la democracia era como una orquesta, que reservaba para cada uno de sus integrantes un papel en la ejecución de la obra colectiva, mayor o menor, que lo dejaba satisfecho. En ello el director (el Estado) conducía el conjunto de manera armónica, impedía una entrada o salida a destiempo, un movimiento desacompasado o una superposición no esperada de los instrumentos. Aunque muchos no lo perciban, si la política y el Estado de baja intensidad llegaron para quedarse, nuestro sistema de gobierno puede quedar reducido a una orquesta desafinada, donde el director se quedó dormido, los bronces se pelean con las cuerdas y la percusión aprovecha para llevarse con descaro las partituras, ante la mirada de un público resignado.

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POLITICA Y ESTADO DE BAJA INTENSIDAD

I.- APUNTES PARA UNA DEFINICION

En tiempos recientes, fue Francis Fukuyama quien se ocupó de anunciarnos el fin de la historia, del hombre y de las ideologías. Jeremy Rifkin hizo otro tanto con el trabajo y ambos parecían involucrar también la extinción de una de las mayores invenciones humanas: el Estado. Desde visiones opuestas (en algo punto no tanto), este último presagio fue compartido por la dupla Hardt-Negri y Paolo Virno, entre otros, quienes habrían entendido el agotamiento del sujeto estatal a través de la pérdida de su soberanía, lo que motivaría la recuperación del poder social originario depositado en él por un sujeto bastante amorfo e impreciso como la multitud (concepto que recibió críticas acertadas desde todos los ángulos posibles).

Sin embargo, globalización mediante, los Estados Nacionales no parecen haber encaminado su rumbo al ocaso definitivo. Antes bien, los países centrales muestran como se estarían readecuando para no perder fuerza en ninguno de sus componentes: la estatalidad y lo nacional. Respecto a lo primero, podemos decir que hace al mantenimiento del monopolio de la fuerza en manos del aparato estatal, que no sólo refiere a la defensa y a la policía, sino también a la posibilidad exclusiva de generar normas de cumplimiento general que serán obedecidas y contribuirán al bienestar general. En otro orden, lo nacional se encuentra influido por la continuidad de esa comunidad territorial y política que se ha formado en una geografía dada y que ha generado su Estado.

Por el contrario, en otros países como Argentina, se evidenciaría el riesgo de consolidar un nuevo tipo de organización estatal cuya característica principal obedece a su permanencia intencional en la trivialidad política, esto es, su decisión consciente de sobrevivir apenas a su disolución pero sin resignar esta reciente vocación de intrascendencia social.

Mi Leviatán querido.

"La misión del soberano", expresó Hobbes, "consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder, que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo; a ello está obligado por la ley de naturaleza…Pero por seguridad no se entiende aquí una simple conservación de la vida, sino también de todas las excelencias que el hombre puede adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado" ("Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil", F.C.E., México, 1998;275). Esta definición adopta un concepto de seguridad que no se limita a la protección colectiva contra la agresión física. En términos modernos, podemos afirmar que la misma involucra tres niveles simultáneos de cobertura: la seguridad pública, la seguridad jurídica y la seguridad social. Es decir, lo que ahora se conoce como un "entorno amigable" (para apropiarnos del lenguaje informático), es aquello que Hobbes contempló en su visión amplia de la seguridad; una combinación de reparo y fomento, cuestión esta última que sería proyectada y expandida luego de la segunda guerra mundial a través del Estado de Bienestar, hoy también agotado.

Cuando alguno o varios de los elementos apuntados comienzan a desintegrarse o no alcanzan el estándar mínimo de protección, los integrantes de una sociedad se sumergen en una situación de incertidumbre, de angustia colectiva, que contribuye a la colisión de los restantes componentes de la fórmula, iniciándose una serie de interrogantes: ¿Se prefiere la seguridad pública a la jurídica, o la social a las dos primeras? ¿Existe consenso para aceptar una sociedad autoritaria, violatoria de la ley, pero libre de riesgos físicos, con un aceptable nivel de empleo y ascenso social o una sociedad profundamente solidaria, democrática y respetuosa del orden jurídico pero sumida en la violencia civil?

La primera crítica a estas preguntas, además del exceso de simplificación, podría sustentarse en la inobservancia de las profundas vinculaciones que suelen darse entre cada uno de los supuestos de la seguridad. Un comentario común refiere que, en general, un ambiente propicio para el comercio y el empleo, a su vez promueven una mayor sujeción a las normas y todo esto potencia una menor producción de comportamientos antisociales.

Sin embargo, este argumento está lejos de convencernos. En todo caso, hay quienes ven como función específica del sistema político en las sociedades modernas, la de regular selectivamente la distribución de los riesgos sociales, reduciendo de ese modo el miedo, a través de la asignación competitiva de "valores de seguridad" (Danilo Zolo, "Democracia y Complejidad, un enfoque realista", Nueva Visión, Bs.As., 1994; 60).

En esta misma postura, se advierte que, a partir de la creciente complejidad de las sociedades postindustriales, el manejo monopólico del Estado en la atribución de estos valores deberá ajustarse a la misma serie de rituales y limitaciones procesales que gobiernan las facultades de los agentes individuales (Zolo,1994;87). Dicho de otro modo, la democracia deberá combinar, para mantener su eficacia, esa necesidad de protección con la preservación de la complejidad que involucra cualquier medida que se practique para ello y que conjuga las garantías de sus libertades política y económica.

Y quien debe llevar adelante esa difícil combinación es nada menos que el Estado. Sin embargo, tenemos suficientes pruebas de la realidad para concluir que la maquinaria estatal no puede producir la "alquimia" necesaria para promover esta felicidad democrática. O carece de los elementos para instrumentarla, o (y esto es lo más interesante), termina operando sabiendo desde el inicio que no obtendrá resultados satisfactorios en sus acciones de equilibrio y distribución de estos valores.

Luego de la extinción de los grandes proyectos colectivos (como les gusta llamar a algunos) y del paso de la última oleada capitalista, el "Leviatán", otrora protagónico en estos menesteres, ha quedado relegado al papel de actor secundario, que observa impávido a mundo que no comprende y para el que no le interesa encontrar todas las respuestas.

Este ha sido el terreno fértil para un nuevo tipo de lucha política, basada en presiones significativas pero no definitorias, que sólo pueden entenderse como una adaptación de tácticas bélicas al escenario civil, circunstancia que no debe provocar rechazos timoratos a su consideración. (continúa...)