Los otros protagonistas
El año 2008 consolidó la aparición de distintos sectores que vienen influyendo en la escena política. Algunos son de importancia previsible (los sindicatos) otros tienen un perfil menos llamativo (ciertos empresarios, la iglesia) y otros se han fortalecido a costa de las malas decisiones oficiales (el campo).
Entre todos ellos, merece un lugar la ascendente intervención de los tribunales en cuestiones inherentes tanto al ejercicio legislativo como a la acción cotidiana de la administración. Desde que se renovó la integración de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial pasó por su tamiz no sólo los litigios entre particulares o entre éstos y el Estado, sino también diversos tópicos que se proyectaron sobre los intereses de la sociedad, como la indemnización por despido, los accidentes de trabajo, el saneamiento del Riachuelo, la movilidad jubilatoria, la situación de menores detenidos, la elección de delegados sindicales y -próximamente, según anunciaron- el tratamiento penal del consumo de drogas.
En cada uno de estos casos (y la lista podría seguir) se determinó una obligación a cargo de alguno de los otros poderes o funciones del Estado. No hablamos sólo de supuestos de ilegalidad o arbitrariedad que los jueces deben sancionar sino también del dictado de medidas que parecen sustituir la presunta omisión del legislador o del administrador.
No deja de resultar significativo que el actual gobierno en su primer período (K1) hizo de la modificación de la Corte una bandera de pluralidad y transparencia, saludada tanto por los llamados "progresistas" de la izquierda como por la derecha "culta" del diario La Nación.
Sin embargo, y aquí se encuentra la paradoja, ha sido la justicia -al revés de otras corporaciones- la que aprovechó este supuesto aire renovador para señalar primero y decidir después, los temas prioritarios de la agenda estatal. Incluso, ha llegado a "devolver" a este gobierno (K2) los efectos de su otrora proclamada doctrina penal garantista, justamente en un tema tan caro al oficialismo como es el de los derechos humanos.
Tanto activismo judicial en una época en la que se reprocha la concentración de poder, merece algunos interrogantes: ¿Es una lógica derivación del famoso sistema de "frenos y contrapesos" que funciona para distribuir adecuadamente el ejercicio de las atribuciones constitucionales? ¿Es una ilusión creada por el gobierno, quien "deja" que algunas cuestiones sean determinadas por la justicia para exhibir, además, la "independencia" que existe en las distintas esferas del Estado? ¿Es la mera ocupación de espacios de decisión que en la actualidad se encuentran desiertos por la inercia del propio gobierno?
Las sospechas de Napoleón
Derivación de la revolución francesa, la separación de funciones en el Estado dio lugar a la transformación del Consejo de Estado, órgano existente en la monarquía, en una instancia de asesoramiento y juzgamiento de la propia Administración. Desconfiado de los funcionarios judiciales, Napoleón enriqueció las funciones del Consejo de Estado para que sea la propia burocracia la que examine los actos de la burocracia.
Si bien este sistema, propio de la historia francesa, fue evolucionando, otros países no dudaron en adoptar distintos criterios para constituir algún límite a las potestades de la justicia. Estados Unidos, nación invocada reiteradamente por su respeto a las libertades, utilizó tanto las cuestiones políticas no justiciables como la directa apelación a la seguridad nacional para impedir que los jueces decidan asuntos de interés del Estado (ver el caso Guantánamo).
Otras experiencias, han apelado a la emergencia o a la excepción para frenar el avance de las pretensiones judiciales, con distinto éxito.
Nuestro ejemplo local se nutre de casi todos estos antecedentes, aunque luego de la reforma constitucional, ha quedado muy reducido el campo de actuación oficial fuera del ojo de la justicia.
Sin perjuicio de ello, y de las opiniones que han surgido respecto a la necesidad y utilidad de que exista una zona de reserva administrativa, ajena al control judicial, aquí se reitera nuestra aclaración. Propio de esta función es "decir lo justo" ante una situación de arbitrariedad o ilicitud; la dificultad se presenta cuando "lo justo" supera el caso individual para extenderse -como medida de gobierno- a todo un sector de la sociedad o, mejor aún, a la comunidad entera.
Como vemos, los recelos de nuestro Cónsul tenían algún sustento, máxime, si lo que veía en juego era nada menos que la iniciativa política o el riesgo de perder una posición alcanzada como punto de partida para el desarrollo de un plan oficial.
¿Será Justicia...o Administración?
Hay que considerar que, de los tres poderes, el judicial posee características propias acordes al ejercicio de su misión. Sus integrantes no son electos por voto popular, sino seleccionados por órganos de carácter sectorial (consejos de la magistratura), poseen garantías relacionadas con su remuneración y su tratamiento impositivo, no pueden ser removidos de sus cargos sin un procedimiento especial previo y no tienen una edad máxima obligatoria para su retiro (caso Fayt).
En tales circunstancias, tradicionalmente los magistrados cultivaban el bajo perfil, "hablaban por sus fallos".
Actualmente, opinan sobre temas generales en entrevistas ofrecidas a los medios de comunicación, anticipan las cuestiones que podrían abordar en un futuro inmediato o, por el contrario, sorprenden con sus decisiones sin aviso previo, obligando a los restantes actores a reacomodar su posición ante el fallo dictado.
En materia penal, principalmente, guarda mayor importancia el criterio que tendrá un juez para resolver determinada situación que el programa elaborado a ese efecto por el legislador.
Hace muchos años, Carl Schmitt anticipó que al Estado legislativo sobrevendría el Estado administrativo, teniendo en cuenta la creciente complejidad e inmediatez de las demandas sociales.
Ahora bien, si un Ejecutivo y un Legislativo surgidos de elecciones y a cargo de los asuntos públicos resultan incapaces para resolver cotidianamente algunos de estos problemas, ¿es el Poder Judicial el nuevo administrador?
